El miércoles 2 de julio llegó al despacho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una carta, pidiendo medidas cautelares contra el Estado de Chile por la detención de documentalistas en el sur.

Elena Varela, en la cárcel, se convirtió en símbolo de una práctica que tiene preocupados a las agrupaciones audiovisuales. ¿Qué pasa en el sur que las cámaras tienen que viajar casi como de contrabando?

El documento presentado ante la Corte Interamericana pone la voz de alerta ante otros casos de vigilancia o rodajes interrumpidos: Sergio Bravo fue detenido en 1999 junto a Jeannette Paillán mientras filmaba un nguillatún en la comuna de Tirúa.

A su vez, a Paillán le quitó su cámara un individuo en 1998 en presencia de Carabineros, mientras filmaba un conflicto entre la Forestal Arauco y la comunidad mapuche Fren Mariqueo de Cuyinco.

En marzo de este año, dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos por cerca de diez horas por Carabineros, se les requisó el material, los acusaron de integrar la ETA, y una vez libres, huyeron del país tras recibir una golpiza (según relatan los afectados en su blog: lookinforasmile.skyrock.com); en mayo, los documentalistas italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi filmaban una movilización mapuche en la Comunidad Chupilko, hoy terrenos de la Forestal Mininco, cuando fueron detenidos por Carabineros, imputados por usurpación de tierras y expulsados del país por la intendenta de la Araucanía Gloria Barrientos.

Pero no son los únicos que han pisado el territorio mapuche y han visto el lente trizado.

PIEL DE GATO

"¡Renuncio a la defensa del Estado!", alega el werken (o "mensajero") José Cariqueo. Se levanta sobre el estrado, mira al juez y desafía: en vez de atenerse a una defensa a cargo del Ministerio Público, prefiere ir directamente a la cárcel.

La parálisis está suspendida en el aire y el director y camarógrafo Gonzalo Vergara, presente en la sala para filmar un capítulo del programa "Piel de jaguar" de TVN, apunta su cámara. Es una escena clave para su documental, dedicado a registrar la aplicación de la Ley Antiterrorista contra cuatro comuneros mapuches en abril de 2006.

Pero Vergara ya tiene encima a un gendarme y el uniformado se queda con la cámara tras un forcejeo. Lo próximo que saben es que el grupo de trabajo de la productora Nueva Imagen -contratada por TVN para realizar el ciclo de documentales- ya no puede entrar a la sala y el equipo quedó retenido durante diez días.

"Como es un juicio bajo la ley antiterrorista no existe claridad sobre las atribuciones que tienen los jueces", cuenta Vergara. Porque según el realizador, lo peor no estuvo en el sur, sino al regreso a Santiago.

Vergara relata: "TVN quería hacer unos documentales onda Michael Moore. Pero a la hora de los quiubos, la censura fue implacable, sobre todo blanqueando y ablandando la crítica a las forestales. La empresa Mininco actuó tan ‘heavy’ que exigió al canal que volviera un equipo de producción a grabar cómo hacen programas de cooperación con algunas comunidades mapuches.

Lo pagaron de su bolsillo y en el documental hay incrustado algo que yo llamo ‘el video corporativo’". ¿Y qué es lo que no podía aparecer?

"Cuesta demasiado poner al aire la crítica dura a las forestales. Pero el problema ecológico tiene directa relación con el conflicto, le da sentido de urgencia y así puedes entender la lucha mapuche. Nos censuraban alegando razones editoriales y de contenido. Llegó al punto que Gonzalo García, como vocero de Forestal Mininco, fue a golpear la mesa del director de TVN, Daniel Fernández, y la cuestión casi no sale al aire.

Lo que se ve es un documental que perdió todo sentido de autor: donde el enemigo principal de la causa mapuche quedó en segundo plano". El programa fue emitido en diciembre de 2006.

EL ÚLTIMO JUICIO

El año 2003, María Teresa Larraín comenzó el rodaje de "El juicio de Pascual Pichún". La película muestra las audiencias que llevaron a su protagonista, el lonco Pascual Pichún, a la cárcel, su entorno familiar, y también el de la vida doméstica del demandante, el terrateniente Agustín Figueroa.

"Ese fue un juicio paradigmático. Fue el primer juicio oral contra los loncos de la comunidad mapuche, y por ser la primera vez, dejaron entrar. Fue una apertura que no creo vuelva a ocurrir: Figueroa se sentía con tanto poder, que nunca sintió que su actuación sería cuestionable", dice Larraín.

Así entraron en el corte final las acusaciones del Ministerio Público sobre Pichún y hasta los testimonios de testigos encubiertos, personas con protección de identidad que expusieron detrás de un biombo "me dio vergüenza que con esos testigos rascas se resolviera un caso", cuenta la realizadora, quien estudió leyes. Y también Larraín pudo recorrer la zona con su cámara.

"En mi caso el problema fue más con los mapuches, porque no creían en mí; y cómo iba a ser de otra forma: estaban cansados que gente venga de afuera a tomarles ‘monos’. Un joven mapuche se me acercó, tirando peñascazos para romper la cámara. Sólo porque respetaba a las mujeres no me rompió la cámara. ‘No soy ningún mono de nadie’, dijo. Y me encantó esa actitud".

Por esa misma imposibilidad de filmar juicios fue que Elena Varela acudió a Larraín, durante una exhibición de "El juicio de Pascual Pichún". "La detención me produjo mucho dolor, rebeldía e ira en un contexto mal llamado democrático. Nos están cortando la libertad de expresión. ¿Con qué cara ahora voy yo a entrevistar una persona? Se destruye la confianza, de un lado y otro", cuenta.

Y después, la vigilancia. En mayo de este año, Larraín exhibía su documental en Chillán, durante una muestra itinerante en que compartió espacio con el Jufkenmapu (Centro de comunicación mapuche) y el padre de Patricia Troncoso, "La Chepa". "Andaba viajando con un indígena canadiense, un blackfoot", recuerda la directora, "y luego él me preguntó por qué nos estaban filmando. Y nadie tenía idea quién era el tipo que filmó. Estamos siendo vigilados".