Desde diciembre de 2006 se encuentra en el Congreso un proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, que establece indicaciones a la Ley de Gasto Electoral.

Dentro de los principales aspectos del proyecto destaca la creación de un registro de proveedores, la prohibición de que las personas jurídicas financien campañas electorales, la disminución de los aportes que realizan particulares y empresas, tanto de carácter anónimo como también reservado, y la eventual creación de una Subdirección de Control del Gasto Electoral.

Si bien el proyecto constituye un avance en materia de transparencia, en particular al perfeccionar la regulación con respecto a los aportes privados destinados a financiar campañas electorales, no constituye ningún avance en materia de mejorar los niveles de equidad entre candidatos y candidatas que compiten en una elección.

En consecuencia, se disponen recursos públicos que en la práctica se destinan a mantener una situación de inequidad en la competencia electoral.

La Ley de Gasto Electoral establece un sistema de financiamiento mixto de las campañas electorales, según el cual parte de los recursos destinados a financiar las campañas es entregada por el Estado.

El cálculo de los recursos que el Estado entregará a cada candidato y candidata se realiza en función de los resultados obtenidos por los partidos políticos y por las candidaturas independientes en la elección anterior, de tal forma que quienes obtuvieron mejores resultados en las elecciones pasadas reciben mayores recursos para el actual proceso eleccionario.

El mecanismo de asignación de los recursos públicos perpetúa los equilibrios de poder existentes el día de hoy, ya que perjudica directamente a los candidatos independientes y de los partidos que no han alcanzado representación parlamentaria, dado que éstos suelen obtener votaciones menores que los candidatos adscritos a alguna de las coaliciones mayoritarias.

Y por lo tanto reciben menos financiamiento, lo que mantiene la situación de falta de representación de sectores importantes de la población, recreando el statu quo de la competencia política y de la representación parlamentaria.

Los sistemas de financiamiento de la política modernos han reconocido la importancia de avanzar no sólo en términos de mayores niveles de transparencia.

Un elemento clave para la calidad de la política dice relación con propiciar las condiciones para que la competencia política se desarrolle en igualdad de condiciones, donde uno de los principales instrumentos son los aportes públicos que el Estado entrega a los partidos políticos y los candidatos y candidatas para financiar sus campañas.

Una democracia sana es aquella en la cual efectivamente existe la posibilidad de que un candidato o candidata que no forme parte del Gobierno o de los principales sectores de la oposición resulte electo.

En Chile, dicha situación se presenta sólo en contadas ocasiones. Una ley de gasto de electoral, junto con aportar mayores niveles de transparencia, debe orientarse a propiciar la igualdad de oportunidades en la competencia electoral, promoviendo que los recursos públicos no tiendan a recrear escenarios de desigualdad en la competencia política, sino a hacerla más equitativa.

* Cientista político, investigador de Corporación Participa.