Para Roland Marchal, encargado de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS), la solicitud de una orden internacional de arresto contra el Presidente sudanés Omar al-Bashir, por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), no tiene fundamento legal y arriesga entorpecer los esfuerzos de paz en Darfur.

-Varios países expresaron su inquietud tras la demanda del 14 de julio contra Al-Bashir. ¿Qué consecuencias puede tener esta demanda en el terreno?
-Darfur es el conflicto que más moviliza a las opiniones públicas occidentales. Desde un estricto punto de vista humanitario, la crisis está contenida. Pero se puede notar una degradación desde el fracaso de los acuerdos de Abuja en mayo de 2006. Es imputable al Gobierno y a la autonomización de las milicias creadas por Jartum, que hoy vuelan con alas propias. Pero también a las divisiones que se han producido en el seno de los grupos rebeldes. En el plano político, acaba de ser nombrado un nuevo mediador. Habría preferido sin duda privarse de esta decisión de la CPI para iniciar su mandato. Pero hay otros problemas en Sudán. En especial, la ejecución de los acuerdos Norte-Sur firmados en enero de 2005. Las dos partes en conflicto, el Gobierno de Jartum y el Gobierno en el Sudán del Sur, tienen actualmente desacuerdos importantes, pero hay progresos en otras materias. La demanda de arresto del fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, puede entorpecer estos avances, que son difíciles pero reales.

-El fiscal Luis Moreno-Ocampo, ¿ha ido demasiado lejos al arremeter contra un Jefe de Estado en ejercicio?
-Me parece que la CPI hace mucha política y poco derecho. Cuando se lee la requisitoria pronunciada por Luis Moreno-Ocampo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de junio, la descripción que hace de la situación en Darfur es, en todo caso, bastante alucinada y algunas comparaciones son inaceptables. Decir que hoy hay un genocidio en los campamentos de refugiados es retórica militante. Cualquiera sea la realidad y los sentimientos que se puedan tener hacia Omar al-Bashir, no se le puede comparar con Hitler. Son errores infundados en términos de análisis político o de terreno. Jurídicamente son, a lo menos, inútiles. Lo que no exime en nada la responsabilidad de Jartum: se puede considerar desde un punto de vista político que Al-Bashir, como responsable de un Estado que ha cometido tales atrocidades, debe ser castigado; pero desde un punto de vista jurídico es muy ligero. Moreno-Ocampo es hoy sin duda muy popular en algunas grandes capitales occidentales, incluida París, pero en los países del tercer mundo es percibido como uno de los instrumentos de Occidente para hacer valer su punto de vista, pretendiendo que es el punto de vista internacional.

-¿Puede congelar el Consejo de Seguridad de la ONU el procedimiento de la CPI?
-Por lo pronto, un panel de jueces de la Corte va a estudiar las pruebas suministradas por el fiscal y decidirá si da lugar a un mandato internacional de arresto. Eso tomará a lo menos un mes y medio. Después comenzarán las cosas serias. Parece que una disposición del tratado de Roma permite al Consejo detener un procedimiento en curso. Pero, más allá de una orden de arresto contra Omar al-Bashir, hay un problema mayor: si vemos la incriminación, da la impresión de que cualquier otro dirigente sudanés puede ser imputado por la CPI. En ese caso, no es Al-Bashir a quien se apunta como persona, sino a un régimen, y allí nos ponemos en una situación cuya ligereza jurídica es evidente. El aparato del Estado es incriminado en su conjunto: ¿cómo reconstruir la paz en esas condiciones? Creo que habría que reflexionar un poco y no dejarse llevar por efectismos políticos que dañan la credibilidad jurídica de la Corte.

-Esta acusación formal contra Jartum ¿cambia la relación de fuerza?
-En Darfur, los rebeldes tienen la impresión con esta demanda de orden de arresto que ganaron una gran batalla: van a querer ganar otras. Esos grupos van a decirse que es el momento, o nunca, de modificar a su favor la relación de fuerza militar. Ello puede provocar represalias de gran amplitud por parte del régimen de Jartum, que puede decirse que no ya no tiene gran cosa que perder. Y recomenzará una escalada militar como la que conocimos hace dos años. Será el precio pagado por la población de Darfur por ver aplicada en su país la moral universal.

-China, Estados Unidos y la ONU han manifestado su viva inquietud
-Naciones Unidas teme por su personal en terreno. China constata que es evidentemente muy desagradable ver su nombre asociado a un genocidio, más todavía a algunas semanas del inicio de los juegos olímpicos. En cuanto a los estadounidenses, jamás han sido muy entusiastas de la CPI, cuya creación no votaron a favor. La administración Bush ha operado mucho contra esta jurisdicción e incluso se abstuvo, con China, en la votación (del Consejo de Seguridad) sobre la resolución que permitía a la CPI abocarse a Darfur. Su idea era simplemente enviar un mensaje fuerte a Jartum para obtener una solución rápida del conflicto. Jamás imaginaron que la CPI iría tan lejos.

Le Monde
The New York Times Syndicate