El campamento minero de El Salvador en la altura de la Región de Atacama, donde se respira un aire de desconsuelo por el cierre hacia  2012 del yacimiento de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) que mantiene el trabajo para la mayoría de sus habitantes, se agitó con la noticia.

Una confesión religiosa ante un sacerdote llevó hasta los restos, inhumados ilegalmente en medio del árido desierto, de al menos dos personas que, de acuerdo a esa declaración para conseguir el perdón de Dios, corresponderían a detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet.

La ciudad diseñada como casco romano por los fundadores extranjeros a los que se le expropió la mina en 1971, puso de inmediato los ojos en el cerro Espejuelo en donde los peritos se concentraron desde el miércoles a la siga de nuevos rastros.

Es que en la lista de detenidos desaparecidos en manos de la llamada Caravana de la Muerte del General Sergio Arellano a su paso por la zona aún se encuentran Ricardo García Posada, ex gerente general de esa división cuando se llamaba Cobresal, y los dirigentes sindicales Benito Tapia y Maguindo Castillo.

Perdido en los cerros a casi 3 horas al este de Copiapó, donde se registraron las más duras protestas en las últimas huelgas de subcontratados, El Salvador convive día a día con las figuras de estas víctimas de la represión de quienes sólo se sabe fueron ejecutadas por decisión de un Consejo de Guerra.  

Ya en 2004, el aeródromo local, principal terminal aéreo para la cuprífera y donde operan líneas de pasajeros de circulación nacional, fue bautizado con el nombre de Ricardo García, el ex ejecutivo, militante del partido Comunista, que el 12 de septiembre fue detenido a la edad de 43 años, y muerto por la comitiva enviada desde Santiago.

En tanto, tan sólo el viernes 11 de este mes, en el marco del 37mo aniversario de la nacionalización de los recursos cupríferos, volvió a la memoria de los salvadoreños la imagen de Benito Tapia, quien fue detenido a los 32 años cuando era dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre y miembro del Comité Central de las Juventudes Socialistas y cuyo nombre es utilizado por el sindicato número 6 de la división.

Ese día, cuando aún se desconocían los antecedentes que hoy reflotan las esperanzas de las tres familias para comenzar a cerrar el duelo iniciado en 1973, fue galardonada por su trabajo la viuda de este dirigente, María Carvajal, que se integró en 1990.

En una emotiva ceremonia, encabezada por el gerente de la división, Julio Cifuentes, y el presidente nacional de los trabajadores de Codelco, Raimundo Espinoza, la mujer, que desempeña como secretaria en la Gerencia de Desarrollo Humano, fue reconocida en el rango "el mejor de los mejores" del último año.

Si bien el jueves acudió autorizada por la empresa a un encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet a la capital de la Región de Atacama, ayer prefirió quedarse en la mina trabajando.

Son varias las ocasiones en que las familias de las tres víctimas han acudido a presuntos hallazgos de sus restos, por lo que la mujer asume con cautela esta nueva señal de alerta. Codelco está atenta a facilitarle el movimiento apenas resuelva acudir a reconocer rastros de quien puede ser su esposo y que hayan sorteado la violencia militar y el rudo desierto.

En la zona también recuerda a Castillo Andrade, empleado de Cobresal y militante del PS, quien al ser detenido el 15 de septiembre de 1973 fue detenido por efectivos militares en su domicilio, paseado por las calles céntricas de El Salvador como supuesto cabecilla del supuesto "Plan Z". Espinoza ya propuso que el nombre del Hospital de El Salvador lleve ese nombre.