El desaparecido miembro de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino, describió con bastante certeza y  haciendo gala de su peculiar  dialéctica, lo que sucedía en 1987. Hablo de “humanoides”, “de semi bárbaros”  y de un “septiembre rojo”.

Sus dichos apuntaban al recién conocido secuestro del teniente coronel de Ejército Carlos Carreño y a las inmediatas acusaciones al Frente Patriótico Manuel Rodríguez como autor del plagio. El paso del tiempo reveló que detrás de esta acciòn del grupo armado hubo otros episodios que si bien no son protagonizados por "humanoides",  sus artífices merecen a lo menos el título de magistrales estructuradores  de nudos que la justicia trata ahora de destrabar.

Primero se pensó que la detenciòn y posterior desaparición de cinco integrantes del Frente Patriòtico Manuel Rodrìguez (FPMR)sólo había sido una actuación de la desaparecida Central Nacional de Informaciones (CNI). Sin embargo, con el paso de los años y la revelación de nuevos antecedentes, el organigrama del caso de los últimos detenidos desaparecidos de la dictadura,  deja a la luz que intervinieron otras estructuras de las Fuerzas Armadas y de Orden. Destaca entre ellos el Batallón de Inteligencia Militar, que en definitiva los mantuvo cautivos en los calabozos del Cuartel Borgoño.

En su reciente procesamiento, el ministro Mario Carroza precisa que “con ocasión del secuestro del Ejército Carlos Carreño Barrera, con fecha 1 de septiembre de 1987, funcionarios de la CNI participaron en un operativo, en el cual, entre los días 9 y 10 del mismo mes, recibieron instrucciones de detener, sin orden judicial, a cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, para eventualmente canjearlos por dicho oficial”.

Así se produce las detenciones de Julio Orlando Muñoz Otárola,  José Julián Peña Maltés, Gonzalo Iván Fuenzalida Navarrete,  Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez y  Alejandro Pinochet Arenas, todas entre el 9 y 10 de septiembre de 1987.

Las pesquisas del magistrado demostraron que la muerte de los jóvenes y el posterior lanzamiento de sus cuerpos al mar, en las costas de Quintay, se produce sólo una vez que Carreño recupera su libertad en Brasil y para ello un nuevo actor se suma al crimen, pues se utiliza para el traslado de los cuerpos  un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército que parte desde Peldehue rumbo al litoral.

Estos informes son concluyentes para el magistrado que ataca directamente hacia los centros de poder de esa época y procesa al general (r) Arturo Sinclair (ex vicecomandante del Ejército, ex senador designado, ex miembro de la Junta Militar y otrora hombre de confianza de Augusto Pinochet) y junto al ex jefe de la DINE, Hugo Prado Contreras, y el ex integrante del Batallón de Inteligencia Militar (BIE) actual coronel en servicio activo, Marco Antonio Bustos Carrasco, quien es el jefe del Departamento de Planificación de la División de Logística del Ejército.

Esas raras versiones de antaño

La vinculación que siempre se mantuvo latente entre el secuestro de Carreño y la desaparición de estas cinco personas,  se formaliza por vez primera en una resolución,  dejando completamente en el pasado las declaraciones que en pleno 1987 realizaba la CNI y la Policía de Investigaciones que afirmaba que las personas eran buscadas “pero no han sido detenidas”.

Más categóricos eran los dichos del entonces fiscal Fernando Torres Silva quien afirmaba que existiría una relación entre los desaparecidos y personas vinculadas a actividades subversivas. Así,  como era de esperar, la denuncia de presunta desgracia presentada en octubre de 1987 en el 14 Juzgado del Crimen tuvo una corta vida en tribunales.

En esa época, un comunicado de Investigaciones planteaba que “se hace deber señalar que no puede excluirse que este cuadro de información periodística y acciones judiciales formen parte de una campaña destinada a crear artificialmente un clima de inseguridad en la población, responsabilizando de ello a las instituciones de Orden y Seguridad”.

Y si bien la prensa constataba la desaparición de los cinco y se permitía -al menos en algunos medios no proclives al régimen- plantear la teoría de una revancha por el secuestro del coronel Carreño, el resto prefería concentrarse en el destino del uniformado.

Mientras el fiscal Torres Silva  seguía uniendo cabos: “Hay situaciones que están apuntando derechamente hacia personas que ya han tenido intervención en hechos conocidos por toda la ciudadanía”, e insistía al señalar que “que la participación no sólo dice relaciòn con una conspiración para la comisión de determinados delitos y estos requieren de una preparación bastante mayor que para cualquier otro”.

En la práctica Carreño sólo fue hallado el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, tras 93 días de cautiverio. Se procesó a decenas, se detuvo otros tantos y se levantaron acusaciones de toda índole, pero lejos el episodio más impactante tuvo que ver con Televisión Nacional. En medio de las pesquisas policiales se llegó hasta el nombre de la joven Karin Eitel. La estudiante permaneció incomunicada por días, acusada de participar en el secuestro y sindicada como miembro del FPMR.

Su nombre podría ser otro más de la lista de personas que deambularon para declarar, pero su aparición en la televisión fue lo que marcó la señal de alarma. Sus palabras pudieron ser vistas por todo el país. En TVN se difundió un  video en que Karin Eitel con claras señales de haber sido torturada, con su rostro en exceso maquillado,  respondía a consultas de un interrogador.

Época de vuelcos

Mientras los familiares de los cinco veían como en tribunales se reabría la investigación y Karin Eitel intentaba recuperar su vida normal después de su detención, surgían nuevos antecedentes del caso Carreño.

La estela de dudas que siempre se mantuvo en torno al publicitado secuestro tomó bríos con teorías de encubrimientos y armas. Un total de once archivos desclasificados por la CIA informaban de que el secuestro tenía matices. Uno de los documentos, en sus escasas partes legibles,  indica que “Carreño estaba extremadamente aterrorizado y ofreció información a cambio de su vida aún antes de que comenzara el interrogatorio. Carreño dijo al FPMR que FAMAE vendió armas al comando de extrema derecha Once de Septiembre en el cual se encuentran comprometidos oficiales de la DINA, Ejército y Carabineros, y funcionarios de la firma de seguridad Alfa Omega, encabezada por el general Manuel Contreras. Carreño también dijo al FPMR dónde están localizados los depósitos de armas del Ejército”. En otro informe se plantea que Carreño habría entregado también a sus captores información sobre negocios turbios de Augusto Pinochet y acciones pasadas de la DINA.

Pero el golpe vino después cuando estalló definitivamente el caso al descubrirse que Carreño debía viajar a Irán para avalar una fallida venta de bombas “avispa”  de Famae, travesía que no se concretó. Las “avispa” eran una copia de las bombas de racimo fabricadas por el empresario Carlos Cardoen. El episodio derivó en una disputa judicial por robo de propiedad intelectual que ganó Ferrimar -la empresa pantalla de Famae- en la Corte Suprema.

En 1987, el teniente coronel Carlos Carreño era gerente de la Fabrica de Maestranzas del Ejército (Famae)  y en ese rol estaba vinculado con viajes a Teherán  y el negocio de armas.  La idea era comerciar a través de Ferrimar las mentadas bombas “avispa”,  pero hubo una falla y un avión iraní se desplomó. De inmediato el régimen pidió una compensación por la pérdida y así surge la formula de entregar  un avión F-5, a lo que suma también la idea de lograr la venta de quince F-5 en la operación conocida como Foxtrot.  El viaje que debía ratificar el negocio estaba programado para el 2 de septiembre de 1987, pero  un día antes fue el secuestro de Carreño.

Los nudos comienzan a tejerse cuando se conoce que no todos estaban de acuerdo con los negocios con Irán. La Fuerza Aérea de  hecho no simpatizaba con la idea, pero Carreño se sentía triunfante y lograba los respaldos necesarios para avanzar o al menos eso es lo que pensaba.

El caso no en vano guarda demasiadas semejanzas con la muerte del general Gerardo Huber, otra causa en que las armas marcan la pauta. Sobre Huber impera la teoría de que en su secuestro y posterior muerte  intervino la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE)  en una reacción después del fallido tráfico de armas a Croacia. El propio coronel Carreño ha declarado en el cuaderno secreto de este proceso. .