Tranquilos terminaron los ánimos esta semana en La Moneda. Tras el movido o mojado período que tuvo que enfrentar el Ministerio de Educación, el comité político hoy puede respirar con cierta paz. Luego del episodio que vivió el lunes pasado la ministra Mónica Jiménez cuando una estudiante de 14 años, María Música Sepúlveda, le arrojó un jarro de agua en la cara , el Gobierno vio cómo se descomprimía, en parte, el tema educacional. Las críticas al manejo político de la secretaria de Estado para enfrentar las demandas estudiantiles pasó a un segundo plano y la sombra de incapacidad del Mineduc para enfrentar el movimiento pingüino se despejó gracias el apoyo cerrado que recibió la titular de la cartera.

Aunque los asesores más cercanos de Jiménez reconocen que el incidente la dejó "nerviosa" y "frustrada" por sus intentos de convencer a estudiantes y profesores de las bondades de la LGE, el episodio del jarrón permitió que, pese a los cuestionamientos a su extremo tecnicismo y escasa destreza negociadora, distintos sectores le brindaran su apoyo.

Desde los más férreos partidarios de la LGE hasta los más díscolos de la Concertación condenaron la actitud de la estudiante. "No hay nada que justifique una acción tan primitiva como ésta, porque en democracia hay que llevar adelante la discusión y este encuentro era para conversar", asegura el diputado PS Carlos Montes, quien lideró las más duras críticas al proyecto de ley.

Un episodio mediáticamente perfecto para Jiménez, quien hoy no sólo cuenta con el apoyo del Gobierno y de la Concertación en pleno, sino también con un efectivo de la división de Protección de Personas Importantes (PPI) a cargo de su seguridad.

Sin embargo, los más suspicaces perciben que se ha hecho un uso abusivo del episodio, tanto en la prensa como a nivel político. "Lo de esta muchacha fue un exceso, le han dado más publicidad de la cuenta. El ministerio está centrando en una niña algo que no corresponde, el show debe parar, se debe volver a la discusión de fondo porque sacar una ley en base a un incidente me parece extremo. Si es por eso el día de mañana puedo fabricar una peripecia, pero las leyes se aprueban por convencimiento", asegura un parlamentario de la Falange.

Las bajas tras el jarro

Una cosa es la evaluación positiva que se puede hacer del tratamiento mediático y político de la ministra Jiménez tras la agresión que recibió. Pero otra es la negativa valoración de las medidas de seguridad del evento en que ocurrió, y que pudo haber terminado exponiéndola a una situación mucho más compleja. En el Mineduc aseguran que se ha evaluado muy mal el área de seguridad de estos "Diálogos participativos por la educación pública", y que a la hora de buscar responsables surgen los nombres de dos funcionarios de la secretaría regional ministerial metropolitana, encargada de organizar el evento junto a la División de Organizaciones Sociales (DOS). Esos nombres son Cristóbal Almeida y Marcos Cuevas. Ambos están en la cartera desde la época de Yasna Provoste de hecho, dependían de uno de los integrantes de su círculo de hierro, Freddy Ramos, quien salió junto a la ex ministra y habrían sido reclutados específicamente para establecer relaciones con los dirigentes secundarios y organizar eventos con ellos.

"Si bien se presumió una eventual tensión en el diálogo, ese día, antes de que la ministra Jiménez ingresara al salón, a ambos se les preguntó si la seguridad era óptima y nos aseguraron que todo estaba tranquilo", indica una alta fuente del ministerio. Ahora es probable que los dos funcionarios sean despedidos, ya que se les adjudica la principal responsabilidad por el incidente. "Es que es la media embarrada lo que pasó, por eso habrá cambios", señala la misma fuente.

Mientras, el Senado se apronta para la discusión sobre la LGE. De hecho, la última semana de julio comenzará el debate en la Comisión de Educación, donde se realizarán audiencias públicas con dirigentes sociales para que éstos expongan sus propuestas. "El desafío es buscar que el proyecto tenga legitimidad ciudadana, o si no se convertirá en el símbolo del autoritarismo de la Concertación, tal como lo fue la LOCE. En la comisión daremos espacio a todos los sectores y buscaremos recoger, debatir y votar propuestas. Yo espero que se nos permita presentar indicaciones, porque tengo preparadas cerca de 200", asegura el senador socialista Alejandro Navarro, presidente de la comisión de Educación de la cámara alta.

En caso de que se realicen las once sesiones de debates en comisión que se estima habrá en el Senado, la LGE se despacharía para la discusión en sala a mediados de septiembre. Por ahora, la educación, la "niña olvidada de la Concertación", tendrá que esperar más de un mes para debatirse entre cambiar o seguir teniendo en su ADN la LOCE de Pinochet. LND