Si bien no existe parecido físico entre los protagonistas de la película "Piratas del Caribe" y los funcionarios de Recoleta -asociados a GMA-, los personajes tendrían más de alguna coincidencia: una de las armas de la consultora que prestó los cuestionados servicios en municipios gremialistas fue, precisamente, el pirateo informático.

Las irregularidades asociadas a las licencias computacionales de GMA comenzaron a quedar a la vista en junio de este año, gracias al informe final de Contraloría respecto de la relación entre la empresa y el municipio de Viña del Mar. Esta investigación detectó irregularidades en el Sistema de Información Georreferencial (SIG), producto estrella de la compañía.

El programa fue publicitado como una solución a diversos problemas vecinales. Usando un mapa cartográfico, permite identificar espacialmente aspectos como la asistencia de alumnos en los colegios y el recibo de medicamentos entregados en la red hospitalaria, entre otros servicios.

El municipio viñamarino compró su primera licencia para el SIG en julio de 2007, por 36 millones de pesos. Sin embargo, el primer contrato para ponerlo en marcha fue en 2005. ¿Cómo hizo antes GMA para implementar su programa estrella si no contaba con licencias? Es una de las preguntas de la Contraloría en las investigaciones de Recoleta y Huechuraba, y que hoy pesquisa también el Ministerio Público. Según información que maneja la Contraloría, el mayor perjudicado en esta irregular transacción sería ESRI Chile, una empresa de capitales estadounidenses, creadora y propietaria de los derechos de los programas para instalar el SIG online.

Este lunes, ESRI enviará tres cartas con certificación notarial, una destinada a GMA y las otras a los municipios de Huechuraba y Recoleta, pidiendo explicaciones sobre el supuesto uso de los programas. La sospecha de la empresa norteamericana es que GMA utilizó la licencia comercial que permite ver los datos del SIG en línea, que había adquirido para el uso específico de Recoleta, en otras comunas.

El sistema denominado ARC IMS- tiene un valor superior a los 35 millones de pesos, y el municipio "amigo" que habría usado el software es Huechuraba.