Esta no es la primera vez que el empresario y ex senador Francisco Javier Errázuriz, se ve involucrado en un lío judicial. Hace sólo dos meses, su publicitada disputa con Álvaro Saieh, dueño de Corpgroup y Copesa, a quien acusó de no pagarle el arriendo de ocho locales Unimarc, hizo recordar no sólo su vehemente carácter, sino también su nutrido prontuario en tribunales. Un desafuero por lesiones y secuestro en 1997; una demanda de Nestlé por 391 millones de pesos en 2004, y el cobro judicial que debió hacer el State Street Bank para que su firma Inverrraz le cancelara cerca de 150 millones de dólares, producto de un crédito solicitado a la entidad en 2006, son sólo algunos ejemplos.

Ahora es la Dirección General de Aguas (DGA) la que, en medio de un litigio por derechos del vital elemento con la empresa SCM Cía. Salitre y Yodo Soledad, de propiedad del ex senador, detectó que en el expediente de la causa se había incorporado un documento presumiblemente falso.

Según los antecedentes, el objetivo de la acción presuntamente ilegal era revertir un fallo que, el 24 de julio pasado, rechazó una solicitud de la empresa por considerarla extemporánea (ver recuadro).

Tras constatar este hecho, Rodrigo Weisner, director general del organismo que depende del Ministerio de Obras Públicas , resolvió presentar una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte por el delito de presentación de documento público falso en juicio. La acción se materializó este viernes, ocasión en que el titular de la repartición aprovechó de presentar personalmente el caso al fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos, Iván Millán.

Según los antecedentes recabados por la DGA, se trata de un documento con el logo "Gobierno de Chile Ministerio de Obras Públicas" presentado en la secretaría del máximo tribunal el 18 de julio de 2008, en el que se "ratifica" que el amparo económico interpuesto por la sociedad minera de Errázuriz está dentro del plazo legal.

"La acción de amparo impetrada se encuentra dentro del plazo legal, toda vez que el plazo para impetrarla vencía el día 28 de febrero de 2008 de acuerdo a los criterios de la Dirección General de Aguas, fundado en los antecedentes tenidos a la vista por este abogado archivero, encargado del registro público de aguas a nivel nacional, teniendo calidad de ministro de fe", reseña el escrito, al que tuvo acceso exclusivo LND.

El documento esta suscrito por el abogado archivero Carlos Valenzuela Ramírez. Sin embargo, la firma no sería suya.

Fuentes cercanas a la causa explican que existe otro escrito, que se acompañó a la causa una semana después, que también presentaría irregularidades.

En esa presentación, el abogado Héctor Villarroel Yáñez solicitó a la Corte Suprema que rectificara su dictamen en atención a este supuesto informe del MOP, cuya originalidad está hoy en cuestión. Pero el profesional que suscribe el requerimiento, entonces representante de DGA, tampoco reconocería la autoría de la firma. Por lo demás, resultaba al menos extraño que el abogado encargado de defender a la repartición pública realizara actuaciones de esta índole para favorecer a su contraparte.

Peritajes en marcha

El mismo viernes, luego de presentada la denuncia, se designó al fiscal José Ignacio Escobar para indagar la presunta adulteración de documento público y firmas en el expediente. Mañana, el representante del Ministerio Público oficiará al máximo tribunal solicitando copia de las piezas de la causa cuestionadas, pues debe tener los originales para decretar los primeros peritajes, señalaron fuentes cercanas al caso.

Con estos antecedentes en sus manos, el fiscal Escobar ordenará un peritaje de los papeles a los funcionarios del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones.

Como se trata de dos documentos presuntamente falsos, el trabajo de la Fiscalía apuntará a determinar quién firmó estos documentos y con qué intención se presentaron ante la Corte Suprema. Se estima que los resultados de los análisis caligráficos demorarán cerca de un mes. Pero este tiempo se podría extender debido a que una de las personas firmantes no ha sido ubicada pues dejó de trabajar para la DGA.

Si bien la denuncia corresponde al delito de presentación de documento público falso en un juicio, será el fiscal el que, tras las diligencias, determine cuál es la figura penal que corresponde. La pena que arriesgan los responsables del hecho, si este llega a acreditarse, va de 541 días a cinco años de presidio. // LND