El  miércoles, la rebelión de los senadores fue suprema. Derrotado en una votación histórica que devolvió protagonismo al Congreso, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, abandonó Valparaíso con una sensación de fracaso, que para los diez senadores que echaron a bajo el nombramiento del ministro Alfredo Pffeifer como nuevo integrante de la Corte Suprema, se convirtió en un triunfo y un homenaje al mundo de los derechos humanos.

Gran parte de los 23 votos que consiguió el juez representan a la Alianza y a una fracción del oficialismo (cinco sufragios), que prefirió seguir un acuerdo que distaba ciento por ciento de lo que es el ADN concertacionista. Y aunque en el entorno de estos nuevos díscolos nadie admite que la votación que derribó la designación del ministro no fue planificada con premeditación, sí reconocen que sirvió para romper la lógica binominal, que muchos califican como "perversa" y que se ha utilizado para reemplazar a los ministros del máximo tribunal cuando éstos jubilan, a los 75 años.

Esta no es la primera vez que se rechaza un nombre. Sí, en cambio, es el estreno de una performance parlamentaria que deja en evidencia que las componendas políticas tienen un límite. En este caso, el cuestionado currículum del magistrado en causas de derechos humanos hizo imposible para una parte de la Concertación "inmolarse" a ese nivel a la hora de votar por Pfeiffer, pese a que ello "rompiera las designaciones de equilibrio en la Corte Suprema", tal como se encargó de consignar en su portada "El Mercurio" al día siguiente de la votación.

La triada suprema

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado; el senador y presidente del PRSD, José Antonio Gómez, y su colega RN, Alberto Espina, fueron quienes se encargaron de negociar el ahora fallido acuerdo Alianza-Concertación que permitió que Pfeiffer fuera finalmente nominado por la Presidenta Bachelet, luego de años en que integró sin éxito las quinas de la Corte Suprema. Lo cierto es que hubo conversaciones, pero éstas jamás, aseguran varias fuentes de la Concertación, fueron amarradas como corresponde por Maldonado. Éste garantizó votos y un respaldo ante el comité político de La Moneda, y esgrimió el argumento del necesario "sacrificio" en honor al cuoteo supremo.

El acuerdo se sustentaba en que en junio el Senado aprobó, con votos UDI y RN, el ascenso al máximo tribunal de Haroldo Brito, considerado por la derecha un juez cercano al socialismo. Ahora, entonces, correspondía que la Concertación "pagara" votando por Pfeiffer.

Brito no es socialista, sino masón, y no tiene militancia. En el PS, eso sí, lo califican como "un buen jurista, una persona decente que no acepta presiones". Pero aceptar la lógica del cuoteo, advierten, significaba violentar también la conciencia democrática de muchos parlamentarios, que se rebelaron pese a que la instrucción llevaba el sello presidencial.

Dicha lógica en el nombramiento de los jueces ha funcionado desde que se reformó el máximo tribunal, a fines de 1997, durante el Gobierno de Eduardo Frei. Aquella vez se estableció el límite de 75 años de edad para el ejercicio y se aumentó de 17 a 21 el número de integrantes de la Suprema, con la idea de oxigenar una corte octogenaria, poblada por ministros vitalicios e instalados por el régimen de Augusto Pinochet.

Rechazo y arrepentimientos

Desde un principio de la negociación, buena parte de la bancada DC le expresó a Maldonado, a través del senador Jorge Pizarro, su rechazo al nombre de Pfeiffer. Dicha negativa respaldada por su par Mariano Ruiz-Esquide. En el PS, los interlocutores del ministro fueron Juan Pablo Letelier y Jaime Gazmuri, quienes inicialmente se abrieron, a regañadientes, a la opción de apoyar el acuerdo. Pero en el socialismo aseguran que éste jamás fue aprobado como tal por la bancada, debido a que dos de sus senadores, Jaime Naranjo y Alejandro Navarro, siempre manifestaron su rechazo frontal al nombre del discutido juez.

Así se llegó al miércoles 30 de julio, cuando, al asistir a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Pfeiffer tuvo respuestas extremadamente poco acertadas (ver recuadro). Esto encendió los ánimos, aunque fue en el almuerzo de los senadores donde se selló su futuro. La DC reiteró su rechazo y el senador Frei anuncio la misma postura; luego, el PRSD reconoció que Nelson Ávila también votaría en contra. Este escenario dio al PS la oportunidad de arrepentirse y actuar en conciencia.

Ya en la sala, Frei fue el detonante al declarar su rechazo. Y cuando la senadora UDI, Evelyn Matthei lo increpó duramente en su asiento, el precandidato le respondió, con orgullo, que durante su gobierno siempre se había negado a nominar al magistrado por sus antecedentes en asuntos de derechos humanos y que, por tanto, actuaba en conciencia. Luego Naranjo, cual punta de lanza, fertilizó con su discurso el clima que imperaba en la Concertación: rechazo a la designación. Entonces, comenzaron los cambios públicos de opinión, como los de Soledad Alvear, Carlos Ominami, Gazmuri, Camilo Escalona y Letelier, estos dos últimos absteniéndose. Así se superó el dilema de rechazar una propuesta de la Mandataria, para hacer primar el rechazo a una propuesta que ponía en jaque una de las banderas más emblemáticas de la coalición. Pffeifer sólo logró 23 votos a favor: 15 de la Alianza, tres independientes y cinco oficialistas, correspondientes a radicales y PPD. Este partido, señala un alto dirigente, actuó bajo la lógica de respaldar a su nuevo socio de lista electoral en las municipales.

Y aunque la votación puede leerse como un revés para Bachelet, en la coalición aseguran también que hasta hoy ningún partido ni parlamentario de la Concertación ha recibido llamadas desde palacio, ni del comité político, reclamando por lo sucedido.

Los pecados de Maldonado

Si bien en el PRSD insisten en que la proposición de Pfeiffer fue aprobada por el comité político, y por tanto, lo sucedido es responsabilidad de los ministros políticos en conjunto, en el resto del pacto de gobierno insisten en responsabilizar de este entuerto a Maldonado y, a través de él, al senador José Antonio Gómez. La sintonía que éste tiene con Espina les ha permitido negociar temas judiciales relevantes, como ocurrió cuando lograron imponer como fiscal nacional a Sabas Chahuán, desplazando al candidato favorito del resto de la Concertación, Juan Enrique Vargas.

Una fuente del Gobierno señala que, a diferencia de sus últimos antecesores el propio Gómez, Luis Bates e Isidro Solís Maldonado no tendría la buena costumbre de chequear uno por uno a los parlamentarios para sus votaciones. Algo que habría quedado en evidencia en esta ocasión, al no "amarrar" el acuerdo ni considerar los argumentos de rechazo expresados con anticipación por el oficialismo.

El revés que el titular de Justicia protagonizó esta semana, además, podría costarle caro en otra instancia. Para el 13 de agosto quedó programada la interpelación en su contra de la Alianza, donde deberá responder ante la Cámara de Diputados los cuestionamientos que le hará el UDI Edmundo Eluchans, a causa de los inconvenientes en el funcionamiento de la Ley 20.084 de responsabilidad penal juvenil y los problemas ocurridos en el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Registro Civil, Gendarmería y los tribunales de familia. Y habrá que ver cuántos están dispuestos a defenderlo. // LND