Las regiones opositoras al Gobierno del Presidente Evo Morales iniciaron una nueva etapa de presión en el marco de paro impulsado para exigir la devolución de la renta petrolera. Además del bloqueo de rutas en varias regiones de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija, los ganadores del oriente del país confirmaron que suspendieron el envío de carne a la zona andina.

El presidente de la Federación de Ganaderos de Beni, Christian Sattori, dijo que con la medida se apoya las demandas de las organizaciones regionales que exigen al Gobierno la restitución de la renta petrolera.

La decisión de los ganaderos de Beni afectará a la provisión de carne en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, regiones con un alto respaldo al Presidente Evo Morales.

La medida es en apoyo al llamado Consejo Nacional Democrático (Conalde), que desde el miércoles realiza un paro cívico y bloqueos de rutas en demanda de la restitución del 30% del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH), recortado por el Gobierno para pagar la renta Dignidad.

"USAN EL ESTÓMAGO DE LAS PERSONAS"

Reaccionando a esta medida de presión, el Gobierno denunció ayer que el empresariado ganadero de Beni pretende desestabilizar el país, a través de la incertidumbre, especulación, inflación y un malestar general en la ciudadanía.

"Hay empresarios que utilizan el estómago y el bolsillo de las personas para generar un clima de desestabilización y en contra de las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional", señaló el ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce.

El ministro de Hacienda informó durante la tarde que hasta ese momento el abastecimiento de carne, tanto en La Paz como en toda la región occidental del país, seguía normal. Sin embargo, enfatizó que de verificarse un desabastecimiento en los mercados, el Gobierno intervendrá inmediatamente con un plan de acción previsto para esa contingencia.

La autoridad insiste en que, tanto el sector ganadero como los prefectos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, que piden la restitución del IDH, no tienen argumentos sólidos para sus demandas expresadas en medidas de presión.

"Las prefecturas tienen el mayor nivel de recursos que jamás han visto en toda esta época republicana del país, por lo tanto no existe un argumento económico financiero para reclamar el 30% del IDH", explicó Arce.