Los últimos años ocurrieron bulladas movilizaciones de trabajadores subcontratados en grandes empresas públicas y privadas. No todas estas empresas reaccionaron de la misma forma.

Algunas enfrentaron proactivamente y con negociación la conflictividad laboral en sus procesos, asumiendo que parte importante de sus operaciones la han entregado a trabajadores externos y que por tanto, sus demandas son problemas que les afectan y demandan creatividad e inteligencia para resolverlos. Estas empresas acordaron negociaciones exitosas con sus trabajadores subcontratados, ganando estabilidad y seguridad para sus negocios.

Otras grandes empresas, en cambio, consideraron que la ley les exime de negociar con sus trabajadores subcontratados y por tanto rechazaron negociar con ellos, desentendiéndose de sus demandas. Pero tal negativa sólo logró que los trabajadores obtuvieran más legitimidad y apoyo e incluso ampliaran sus demandas. Negarse a negociar fue una mala idea: estas empresas enfrentaron un incremento de la conflictividad, paralización de faenas y un entorno cada vez menos amistoso.

Las empresas que se negaron a negociar dijeron que enfrentaban un problema de orden público: trabajadores sin derecho a negociar recurrían a la agitación callejera para obtenerlo, por lo que debía intervenir la policía. Pero no era un asunto policial: era un desafío laboral que grandes empresas enfrentaron exitosamente logrando acuerdos razonables con sus subcontratistas, sin exposición mediática ni politización.

Las empresas que se negaron a asumir como propio el problema de mejorar las condiciones de sus subcontratistas, solo lograron politizar las demandas laborales, interpelando a la autoridad para que reestableciera el orden público.

Si hay aún grandes empresas que creen que sólo les incumben las demandas de sus trabajadores directos -aún cuando sean cada vez menos y estén aumentando rápidamente los trabajadores externos en sus procesos- la conflictividad laboral no dejará de crecer.

Si hay aún grandes empresas que prefieren interpelar a la autoridad ante las presiones de sus trabajadores subcontratados en vez de poner a prueba su capacidad de enfrentar la conflictividad en sus procesos y asumir que parte importante de sus operaciones la han entregado a trabajadores externos, no debiera extrañarnos que alcaldes, gobernadores, intendentes, legisladores y ministros de Estado se involucren en resolver la conflictividad laboral de grandes empresas los próximos años.

*Académico U. Central