El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales los decretos supremos referidos al crédito solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la línea de crédito del BancoEstado para financiar el Transantiago.

Tras reunirse con los miembros del organismo resolutivo, el presidente del TC, Juan Colombo, señaló que por mayoría se optó por acoger los requerimientos que sostienen que no es constitucional que el Gobierno recurra a un crédito de esa envergadura para paliar el déficit generado por el sistema de transporte capitalino.

Explicó que la información fue entregada por el presidente del TC, Juan Colombo, "considerando la conveniencia de dar a conocer en forma oportuna a los intervinientes y a la opinión pública, lo resuelto por mayoría de votos".

En el tema del BID, se estableció acoger el requerimiento, declarándose inconstitucional el decreto supremo número 45 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 16 de mayo de 2008 , publicado en el Diario Oficial el 3 de junio del mismo año, mediante el cual se otorgan las autorizaciones previas exigidas por el inciso final del artículo 7 de la ley Número 20.206, para que se contrate con cargo a la cuenta especial de reembolso una línea crédito de hasta 400 millones de dólares de los Estados Unidos otorgada por la mencionada entidad.

Lo anterior, luego del requerimiento presentado en junio por la Alianza, donde los senadores, encabezados por Jovino Novoa (UDI) y Andrés Allamand (RN), consideraron que al solicitar los recursos, el Ejecutivo infringió el principio de legalidad y las atribuciones del Parlamento, ya que por decreto y no ley, se autorizó una línea de crédito del BID, y se ampliaron las condiciones de una línea de crédito establecida con BancoEstado.

En cuanto a las razones o considerandos que expone la resolución, Colombo sostuvo que ellos sólo se conocerán en 15 días más cuando esté redactada.

La reacción del Gobierno frente a la determinación provino del ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, quien señaló que "el BID es un organismo prestigioso, que no da crédito a cualquiera y en cualquier circunstancia y que al hacerlo, lo hizo convencido de que en Chile se respetaba el orden jurídico" para entregarle al Estado 400 millones de dólares para el Transantiago.

Sostuvo que el Ejecutivo tiene "la convicción de que actuó conforme a derecho" en su accionar y recordó que "así lo estableció la Contraloría General de la República". "En el país existe un organismo al cual se le han dado potestades para dirimir estos conflictos, ese es el Tribunal Constitucional y nosotros por tanto, acatamos sus fallos".

Viera-Gallo advirtió que los senadores de la oposición que "han llevado adelante este asunto, judicializando un debate político ante el tribunal no sólo han asumido una enorme responsabilidad, sino que además han comprometido la credibilidad de Chile ante los organismos internacionales".