Una denuncia pública de funcionarios de la Conadi sobre la restitución de hectáreas sin concursos ni sorteos a mapuches de la Concertación, fue la guinda de la torta; un balde agua fría para el ministerio a cargo del tema indígena y la Conadi.

El jueves, la ministra Paula Quintana partió a la Araucanía a raíz del temporal, pero antes de tomar el avión conversó con LND sobre los problemas de corrupción en la Conadi, el conservadurismo de los parlamentarios que impiden avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, las reformas que vienen por la aprobación del Convenio 169 de la OIT y la violencia que después de 500 años sigue dominando la Araucanía.

Funcionarios de la Conadi denunciaron la entrega de un 45% de subsidio de tierras sin concurso y la mayoría habría sido entregada a comunidades ligadas a mapuches de la Concertación. ¿Ustedes tenían antecedentes de esto?
El sistema de subsidios para la restitución de tierras implica un proceso de postulación, pero también deja abierto un procedimiento para casos excepcionales. El director nacional de la Conadi, cuando asumió, revisó este proceso y los acuerdos que había tomado el Consejo de la Conadi en la administración anterior.

¿Qué medidas han tomado?
El domingo pasado pedimos un informe que el director de la Conadi respondió inmediatamente. Además, solicitamos un informe de procedimiento jurídico para aclarar qué porcentaje se entregó como caso especial, y yo voy a solicitar al Consejo de la Conadi que delimite los casos especiales para que no superen un 15%. De todas maneras, estos casos se refieren a familias que habían concursado anteriormente y habían optado al subsidio, pero las tierras adquiridas fueron insuficientes para su subsistencia. No es que arbitrariamente se haya entregado el beneficio a una familia que no haya estado en ningún concurso.

Pero esas familias podrían haber vuelto a concursar.
Esa es la explicación que estamos solicitando. Los casos especiales deben ser una cantidad razonable de acuerdo al sentido común, que implica la excepcionalidad y que la mayoría tiene que ser por concursabilidad.

¿Habrá sanciones si se demuestran irregularidades?
De acuerdo al informe del director de la Conadi, vamos a iniciar o no algún proceso administrativo. El estatuto administrativo establece cuáles son los procedimientos a seguir cuando hay una situación irregular.

Un Parlamento conservador

Se han incrementado los operativos en la zona. Organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por la violencia que aplica Carabineros en estos operativos y que han terminado incluso con niños baleados y golpeados. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Creo que el tema no se trata de más o menos carabineros. El enfoque correcto no es en el sentido del conflicto, sino de abordar integralmente el tema de la inclusión de los pueblos indígenas. Así como tenemos aún una deuda histórica con ellos, hemos avanzado en construir una institucionalidad en conjunto y hay que respetarla. Para acceder a la compra de tierras es necesario hacerlo por los caminos institucionales. La violencia le hace daño a la causa indígena.

Las comunidades han perdido la confianza en los caminos institucionales y alegan que la ley no es igual para todos. Por ejemplo, todavía no hay un responsable por la muerte de Matías Catrileo; sin embargo, cuando se incendia un fundo las comunidades indígenas son allanadas. ¿Cómo puede convencer a estas comunidades para que no utilicen la violencia?
El Estado tiene el deber de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, por eso la violencia es sancionable y no es el camino para resolver la deuda histórica que tenemos. Nosotros planteamos el respeto al camino institucional, el reconocimiento de los derechos políticos y la necesidad de mejorar la gestión de los programas para los pueblos indígenas. Tenemos el deber y la obligación moral de hacer un llamado a todos los actores a respetar las vías institucionales que contemplan el respeto de los derechos humanos de los indígenas.

El Parlamento aprobó el Convenio 169 de la OIT con una declaración interpretativa que impide tomar en cuenta los avances del derecho internacional en el tema indígena. ¿Qué opina de esta declaración?
Lo sustancial es que el Convenio 169, en la medida en que lo suscribe el Estado chileno y la OIT lo acepta en los términos que lo plantea nuestro país, tiene que ser asumido en su integridad. No se trata de si hay o no declaración interpretativa.

Para cumplir el convenio se tendrán que adecuar políticas públicas con respecto a derechos políticos, territoriales y culturales. ¿Hay nuevos proyectos en esta dirección?
Lo importante del 169 es que tiene que haber un ajuste institucional para que se puedan ejercer esos derechos y contamos con programas que van en esa dirección. Tenemos treinta proyectos habitacionales orientados hacia familias indígenas. En salud contamos con centros y hospitales interculturales, y hoy se discute en el Parlamento la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, donde se establece el derecho de los indígenas a ser atendidos de acuerdo a sus costumbres en la atención pública. En educación, la Junji-Integra está estableciendo jardines interculturales y ha habido un incremento en becas indígenas de 30 mil el año 2000 a 43 mil este año. Respecto a tierras, se han entregado más de 500 mil hectáreas. De esas, casi 90 mil se han canalizado por la Ley Indígena. También estamos trabajando en un sistema para que las comunidades participen de las utilidades que generan proyectos de inversión que se desarrollan en tierras de propiedad o de desarrollo indígena, que va a ser obligatorio para el sector público como primer paso. Además, estamos trabajando en la formulación de proyectos de ley que permitan una mayor representación y participación política.

Desde el Gobierno de Aylwin se está prometiendo una Subsecretaría de Asuntos Indígenas, ¿cuándo se concretará eso?
El martes ingresamos el proyecto de ley que crea la subsecretaría a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Esta subsecretaría dependería del Mideplan y tendría por rol la articulación y coordinación de la política indígena.

Desde 1990 se han presentado cinco proyectos para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. ¿Qué pasa con el último proyecto que envió la Presidenta el año pasado al Parlamento?
Ese proyecto plantea el reconocimiento de los pueblos indígenas, con el derecho a vivir con sus costumbres. Un factor fundamental es la relación que establece con los recursos naturales, y particularmente con el derecho a la tierra y al agua. Yo le recordaría a los parlamentarios, sobre todo a quienes cuestionan la política de tierras, que la Ley Indígena se aprobó en 1993 por unanimidad y en ella se establecen los procedimientos institucionales para restituir las tierras indígenas.

¿Cree que las leyes no se han aprobado porque tenemos un Parlamento conservador?
Sí, eso se demuestra todos los días. Hay que ver quiénes están por avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas indígenas, para incluirlos como ciudadanos plenos, reconociendo su cultura y sus costumbres.