La noche del lunes pasado, la Presidenta Michelle Bachelet se reunió en su casa de Las Condes con los presidentes de los cuatro partidos de la Concertación. Como era de esperar, la discusión de la crisis del Transantiago casi monopolizó la cena. No lo hizo del todo porque durante la cita también se abordaron otros temas, pero sin ahondar en éstos. Uno de los que mereció un par de minutos de la conversación fue la creación de la AFP estatal.

Quedó en la mesa cuando la Mandataria mencionó una serie de proyectos en los que había que poner ojo. Y aunque prefirió no entregar ningún detalle del proyecto, sí reiteró su interés en esta iniciativa que se comprometió a sacar adelante cuando se aprobó la reforma al sistema de pensiones.

Aún más entusiasmados se mostraron los timoneles oficialistas. No sólo porque es la última de las batallas previsionales que tiene la Concertación, sino también porque la elaboración del proyecto está ya en su última etapa. De hecho, en el Gobierno adelantan que es altamente probable que la creación de la AFP del Estado sea despachada esta semana. De esta forma, entraría en su recta final uno de los cambios que, a juicio del oficialismo, introducirá más competencia en la industria y bajará el valor de las comisiones que pagan los más de cinco millones y medio de afiliados que hay en Chile.

Votos seguros

La elaboración del proyecto está en manos de los ministerios de Trabajo y Hacienda. Ahí es donde, en los últimos nueve meses, se han barajado las opciones para crear la administradora pública, luego de que los senadores rechazaran por 20 votos contra 18 el ingreso de los bancos al sistema de pensiones. Con ese fracaso en la retina es que en la Concertación están convencidos de que esta es una definición mucho más política que técnica, ya que finalmente la opción que se discutirá en el Parlamento será la que concite más apoyo.

Bajo esta premisa, los equipos técnicos de ambas carteras ya habrían descartado dos de las alternativas que se habían barajado: la de una filial previsional de BancoEstado y la de una AFP creada bajo el paraguas del Instituto de Normalización Previsional (INP). Desechadas ambas opciones, en el Gobierno precisan que la modalidad que están afinando es la creación de una nueva empresa estatal. "Es lo más adecuado, una AFP estatal completamente nueva", sostiene el presidente del PS, Camilo Escalona.

Precisamente esta alternativa es la que genera más consenso no sólo en el oficialismo, en la bancada de senadores independientes es la idea que más les acomoda, tanto que el senador Carlos Bianchi presentó, junto con el radical Guillermo Vásquez, un proyecto de ley que articula una AFP bajo esta misma fórmula. Esta iniciativa copatrocinada por el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, y el senador PS Carlos Ominami crea una administradora fiscal con capital de la Corfo.

Pese al hermetismo en torno a la definición final, este viernes el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, entregó nuevas luces sobre la dirección de este proyecto, al reiterar que están analizando con detención esta propuesta. "Estamos estudiando con bastante interés la moción parlamentaria presentada en el Senado para la constitución de una AFP pública", sostuvo.

El diputado Sergio Aguiló, integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, explica que esta opción es la que tiene hoy mayor viabilidad política. "Para crear una nueva empresa del Estado se requiere quórum calificado; es decir, la mayoría de diputados y senadores en ejercicio. Y esos votos están". Por lo menos en la cámara alta que fue donde se rechazó el ingreso de la banca al negocio previsional , el respaldo a una administradora de pensiones estatal está prácticamente asegurado. Esto porque a los 18 votos de la Concertación se sumarían los de los senadores independientes Carlos Bianchi, Adolfo Zaldívar y Fernando Flores, los que, si bien estuvieron en contra de la participación de la banca, sí comprometieron su apoyo a una fórmula como la que hoy está en manos del Gobierno. "Los votos están dados", confirma el senador Bianchi.

Buen negocio

En el oficialismo sostienen que la instauración de una nueva empresa fiscal no sería vista con buenos ojos por el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien al mismo tiempo ha sido el menos entusiasta en el ingreso del Estado al negocio previsional. Uno de sus reparos sería el alto costo económico que implicaría la creación de una nueva compañía. Hasta ahora, ninguno de los parlamentarios de la Concertación se atreve a hacer una estimación del monto de la inversión que requeriría para operar. Lo único que se ha debatido ha sido el origen de estos recursos. Por ejemplo, la moción de los cuatro senadores plantea un aporte que provenga en un 99% de la Corfo y en un 1% directamente del fisco. Sin embargo, el senador Escalona desestima de inmediato esta vía de financiamiento: "No tiene sentido meter a la Corfo en esto, si la ley es la que debiera asignarle los recursos necesarios".

El diputado DC Pablo Lorenzini dice que cualquier costo que se asume al comienzo se recupera en promedio una década más tarde, sobre todo si se considera que la industria previsional es una de las que tiene las rentabilidades más altas. "Si uno mira los retornos que tienen estas empresas y se hace una proyección a diez años, perfectamente se pueden pagar los costos de instalación con las utilidades, más aún si el objetivo de esta empresa no es acumular ganancias. Es decir, se puede hacer la inversión y recuperarla en una década", explica.

Coinciden en el Gobierno en que una de las claves de la nueva firma estatal será el artículo de la reforma que permite a una AFP subcontratar los servicios de administración de las cuentas y de los fondos. Precisamente este último ha sido uno de los aspectos que Velasco ha manifestado en privado como uno sus mayores reparos, ya que, a su juicio, el Estado no tendría la experiencia que sí tienen los privados en el manejo de los ahorros de los trabajadores, lo que podría incidir en menores rentabilidades para sus afiliados. "Ahora, la legislación permite la subcontratación y perfectamente BancoEstado puede manejar los fondos o la administración. Yo creo que la cosa va por ahí", plantea el senador PS Jaime Gazmuri.

El fantasma del TC

Esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) causó un terremoto político al impugnar el crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo entregó al Transantiago, por considerarlo inconstitucional. Una suerte similar podría haber corrido la filial previsional de BancoEstado si ésta se hubiera convertido en ley. Ese fue el análisis que se hizo hace un par de meses en el Ministerio del Trabajo, cuando aún se estudiaba la posibilidad del ingreso del banco estatal a la administración de pensiones. Sin embargo, esta idea prontamente se desechó debido a que ya circulaban rumores de que si esta iniciativa prosperaba, podría haber sido declarado inconstitucional.

El senador Guillermo Vásquez explica: "Autorizar a un banco que está en competencia con el resto de la industria a tener una filial que para el resto de los demás actores no está permitida, alteraba el principio de igualdad ante la ley que establece la Constitución. Entonces, ya había voces que anunciaban que un proyecto en esa línea sería cuestionado ante el TC en el caso de que se aprobara".

No era el único riesgo que se corría. Esa fórmula nunca concitó el respaldo de los senadores independientes, quienes rechazan de plano una filial de giro único de BancoEstado, lo que en la práctica significaba que el proyecto naciera muerto. Y un parlamentario oficialista agrega otro análisis que sumó más puntos en contra de esta idea: "La opción de BancoEstado tendía a cambiar todo el sistema en la industria y lo más probable es que los banqueros comenzaran a pelear por ser discriminados. Y muchos de ellos son algunos de los principales financistas de la Concertación y lo mejor es evitarse problemas con ellos en período de elecciones".

¿Servicio segundón?

Descartada opción de BancoEstado pese a su privilegiada red de sucursales el análisis de los ministerios se centró en aprovechar la infraestructura del INP, uno de los servicios que cuenta con la presencia a nivel nacional como una de sus mayores fortalezas: a lo largo de todo el país tiene 13 direcciones regionales, 62 sucursales, 74 centros de atención, 56 plazas de pago y 3.100 funcionarios.

Sin embargo, y pese a estas ventajas, muchos concertacionistas tienen reparos a esta fórmula. El senador PS Pedro Muñoz, integrante de la Comisión de Trabajo, explica que el INP que es un servicio dependiente de Trabajo el próximo año se convertirá en el Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que deberá concentrarse en la administración del antiguo y del nuevo sistema de pensiones. "El INP sería lo natural porque tiene oficinas en todo el país, pero habría que modernizarlo. En todo caso, no sé si en el Congreso habría partidarios de que se haga a través de este servicio. Tampoco le acomodaría al ministro de Hacienda, que quiere un ente distinto". Un diputado de la Concertación tiene otras aprensiones: "La ventaja es que el INP está montado, pero es un servicio segundón y se le ve más politizado, más estatal. En cambio, al crear una empresa nueva le das una independencia del gobierno de turno que no tiene el INP, que depende administrativamente de un ministerio. Esa es la diferencia".

En el Ejecutivo agregan que la opción del futuro IPS también es compleja desde el punto de vista político, debido a las asimetrías que podría crear en la industria de las AFP: "A una administradora pública tendrían que aplicársele todas las reglas del juego y ninguna de ellas rige para el INP. Por ejemplo, unas competirían por precio y otra no. Y las AFP reclamarían porque ésta tendría una red de sucursales en todo Chile, que ya está instalada y que paga el Estado. Entonces, la cancha no sería pareja para todos".