Cría cuervos y te sacaran los ojos, fue la frase que en privado repitieron este miércoles en Valparaíso varios de los senadores PS por el fallo que el Tribunal Constitucional (TC) dictó esta semana impugnando el préstamo por 400 millones de dólares solicitado por el Gobierno al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Transantiago, y también al crédito que realizó BancoEstado al sistema de transporte capitalino.

Si bien la molestia era generalizada contra el TC por el traspié que esta resolución implicó para La Moneda, la frase iba dirigida especialmente a uno de sus integrantes: Hernán Vodanovic, socialista histórico, que llegó a dicho tribunal con los votos de sus "compañeros" de partido en la cámara alta y que, para disgusto de varios, se sumó al fallo mayoritario del TC. Pero junto a este dato, a ojos de la Concertación, esta nueva declaración de inconstitucionalidad siembra dudas sobre las atribuciones de este tribunal, que en más de una ocasión, afirman, ha actuado como un suprapoder de decisiones, que son resorte de la autoridad política, elegida democráticamente.

Desde la reforma de 2005, aquella con que el Presidente Ricardo Lagos pudo borrar el nombre del general Augusto Pinochet de la Constitución de 1980 y reemplazarla por la suya, el TC se empoderó aún más al otorgársele la atribución de realizar el control de constitucionalidad de decretos y resoluciones. Esa facultad es la que le ha permitido contravenir a requerimiento de parlamentarios de derecha políticas definidas desde La Moneda, como fue la distribución de la píldora del día después en el sistema público de salud, como método anticonceptivo de emergencia. El TC prohibió que se repartiera el Progestinor 2 en consultorios, pero no se pronunció sobre su comercialización en el sector privado, manteniéndose el criterio discriminatorio en el acceso a dicha píldora.

En el caso del préstamo del BID, no es un dato menor que el decreto presidencial contara con el visto bueno de la Contraloría, e incluso con un informe en derecho elaborado por su jefe, Ramiro Mendoza, en respuesta a la solicitud de parlamentarios de la Alianza de abstenerse de la toma de razón del decreto en cuestión.

Según constitucionalistas consultados por LND, "lo que resolvió el TC no fue la legalidad de los decretos, sino su constitucionalidad. Eso explica la divergencia de opiniones entre la Contraloría y el TC, pues son dos carriles paralelos. Se espera que si algo se ajusta a la ley, esto también sea a la Constitución, y cuando no ocurre llama poderosamente la atención", precisan en el foro.

Vivir con diez

Con la reforma de 2005, los miembros del TC aumentaron de siete a diez. Hoy está integrado por Raúl Bertelsen, Marisol Peña, José Luis Cea, Marcelo Venegas y Enrique Navarro, señalados como el alma más conservadora del tribunal. En el otro bando están el independiente Juan Colombo, los PS Francisco Fernández y Hernán Vodanovic, y por la DC, Jorge Correa Sutil y Mario Fernández.

Tres designados por el Presidente, otros tres por la Corte Suprema, dos son elegidos por el Senado y otros dos por propuesta de la Cámara de Diputados, con ratificación del Senado.

Algunas de sus atribuciones son controlar los proyectos de reforma constitucional y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del Congreso; resolver la constitucionalidad relativa a autos acordados de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y del Tribunal Calificador de Elecciones; zanjar contiendas suscitadas entre las autoridades políticas, administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado, y pronunciarse sobre inhabilidades, incompatibilidades, renuncias y causales de cesación del cargo del Presidente de la República, ministros y los parlamentarios.

Pero precisamente la facultad de controlar los actos del Ejecutivo, que en la mayoría de las democracias modernas lo realiza la Corte Suprema, es lo que genera más ronchas. Dicha interferencia en decisiones propias de una autoridad democrática ha alzado al TC como un poder fáctico, que impugna decretos y resoluciones, como con la píldora o el mismo préstamo del BID. En opinión de constitucionalistas, en ningún país del mundo que cuenta con este organismo "se esperan decisiones sobre temas tan directamente políticos, de resorte de la autoridad [Presidente]".

Amigo colorín

Hernán Vodanovic, hace más de dos décadas, mantiene una estrecha amistad con Adolfo Zaldívar. Desde antes del plebiscito se juntaban habitualmente en el entonces bar La Casa Suiza, citas a las que también asistía el PRSD Mario Papi.

La amistad ha sido a toda prueba. Vodanovic fue senador por Aysén entre 1990 y marzo de 1994, y cuando en 2001 Zaldívar postuló por esa zona, su amigo lo apoyó. Aunque para ello movilizó parte de las bases regionales del PS a favor de su candidatura, generando un conflicto interno en el socialismo y perjudicando al candidato radical, Anselmo Sule. "Fue un tercio de ese regional que se marginó por apoyar al colorín Zaldívar; los cabecillas fueron expulsados del partido", aseguran en el PS.

El 2005, la mesa PS postulaba al abogado Francisco Zúñiga como miembro del TC, pero Zaldívar intercedió a favor de Vodanovic para que los senadores Carlos Ominami, José Antonio Viera-Gallo, Ricardo Núñez, Jaime Gazmuri y Jaime Naranjo votaran a su favor, siendo aprobado en enero de 2006 por el Senado, con los votos en contra del PRSD.

Con estos antecedentes, muchos en la Concertación no dudan de que el voto de Vodanovic en el fallo de esta semana habría sido una "pasada de cuentas" a La Moneda, en la que estaría involucrado el presidente del Senado. Y aunque el voto de Vodanovic no marcó grandes diferencias, la lectura política fue inevitable: él, junto a Mario Fernández y Jorge Correa Sutil, le dieron la espalda a La Moneda, desencadenando una duro traspié al financiamiento del Transantiago y contribuyendo a la teoría del desalojo. Crítica que fue analizada en una de las reuniones del comité político de esta semana y que fue compartida por el jefe de gabinete, Edmundo Pérez Yoma.

Se habla de un cerco institucional al Gobierno, impulsado por Zaldívar, aliado con la derecha, y de un excesivo conservadurismo del TC, que habría fagocitado a varios de sus integrantes, como al DC Jorge Correa. Ahora sólo queda esperar futuros fallos de este tribunal para ver si la pesadilla de La Moneda continúa con este cuarto poder.