Grupos cívicos del sur y del oriente de Bolivia, opositores al Gobierno del Presidente Evo Morales, radicalizaron ayer sus protestas, promoviendo las tomas de oficinas públicas e intentando interrumpir la exportación de gas a Brasil, lo que finalmente fue impedido por el resguardo militar de las plantas de bombeo.
El ambiente en las calles también se tornó violento con choques, en el centro de la ciudad de Santa Cruz, entre fuerzas policíaco-militares y jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), el grupo más radical del comité civil-empresarial de la región autonomista, ubicada a 900 kilómetros al este de La Paz.
Los manifestantes intentaron tomar dos oficinas estatales de Impuestos y Reforma Agraria. Los enfrentamientos incluyeron la utilización de petardos, piedras, palos y gases lacrimógenos.
En tanto, otros grupos de la UJC se tomaron Entel (empresa estatal de telecomunicación) con el fin de "entregar la administración al gobernador (prefecto, Rubén) Costas" de Santa Cruz, informó a periodistas locales el ex constituyente de derecha, Javier Limpias.
Las tomas se repitieron en otras zonas, como en la ciudad de Tarija, donde funcionarios de la prefectura asumieron el control de las dependencias de la Superintendencia Regional de Hidrocarburos.
Grupos opositores también intentaron ayer tomar el control y detener el funcionamiento de una planta distribuidora de gas en el poblado de Villamontes (un rico poblado del Chaco boliviano, ubicado 1.200 kilómetros al sudeste de la capital), operada por la firma franco-brasileña Transierra.
El principal dirigente civil de Villamontes, Felipe Moza, aseguró a la agencias de noticias internacionales que "hemos cerrado cuatro válvulas de gas que van al Brasil, ya no estamos enviando gas al Brasil, hasta que el Gobierno atienda nuestras demandas".
Sin embargo, según aseguró Jorge Boland, gerente Comercial de Transierra, el asalto no impidió el normal funcionamiento de la planta, que está custodiada, al igual que muchas otras, por funcionarios militares.
Ya la semana pasada los dirigentes opositores habían amenazado con cortar los suministros de gas para presionar al Gobierno, al que exigen la devolución de un impuesto a la producción de hidrocarburos, que fue rebajado a los departamentos para financiar un subsidio para ancianos. Además, han pedido la suspensión de los referendos para aprobar la nueva Carta Magna a la que se oponen.
La nueva ola de protestas propiciada por los dirigentes cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca se inició hace dos semanas, e incluye cortes de carreteras, los que ya comienzan a generar escasez en las regiones más pobres del país, que son las más fieles al Gobierno de Morales.
"ESCALADA DE VIOLENCIA"
La autoridad nacional afirmó ayer que el país experimenta "una escalada de violencia", promovida por líderes cívicos de derecha, que rayan "con la ilegalidad". "Se está promoviendo la toma de oficinas públicas y la Policía y las Fuerzas Armadas están cumpliendo con su rol constitucional", afirmó el viceministro de Gobierno (Interior), Rubén Gamarra, durante una conferencia de prensa.
Según Gamarra, esa "escalada de violencia" es promovida por el prefecto del rico departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, y el líder cívico de esta región, el empresario Branko Marinkovic.
"Están instigando al enfrentamiento y a la toma de oficinas", aseguró el ministro.
