En un nuevo vuelco de la crisis sociopolítica que vive Bolivia, el fiscal general de ese país, Mario Uribe, ordenó ayer investigar y enjuiciar bajo el cargo de genocidio en su categoría de masacre sangrienta, al prefecto opositor del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, y al ex alcalde de Cobija, Miguel Becerra, por la matanza de 16 campesinos ocurrida el jueves.

Esto, aunque grupos cívicos insisten en que la responsabilidad de las muertes es del Ejecutivo y denuncian una persecución política.

El prosecutor dijo que la determinación fue tomada después de "un seguimiento exhaustivo de los sucesos" de la semana pasada, realizado por la Fiscalía departamental, que también inculpa a Abraham Cuéllar, díscolo senador por Pando.

Ayer comenzaron a conocerse los testimonios de los sobrevivientes. La Agencia Boliviana de Información (ABI) informó que cuatro víctimas revelaron que paramilitares incluso habrían asesinado a niños, cuyos cuerpos fueron arrojados, según esta versión, al río Tahuamanu.

En tanto, Fernández sostuvo que los enfrentamientos por los que se le responsabiliza fueron orquestados por el Ejecutivo para forzar su caída, según publicó el diario La Razón.

El Gobierno del Presidente Evo Morales culpa al prefecto Fernández de maquinar la masacre de campesinos contratando a sicarios peruanos y brasileños (ver recuadro), quienes habrían emboscado a una columna de campesinos que marchaba entre los municipios de Porvenir y Filadelfia, cercanos a Cobija -capital departamental- encabezada por Miguel Becerra Suárez, jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, que apoya a Morales y cuyo paradero se desconoce desde entonces.

Si bien Uribe no especificó las razones por las que incluyó al senador Cuéllar en su requerimiento, el fiscal aclaró que "se establecerán responsabilidades de todas las personas que intervinieron y tienen relación con los hechos de los cuales emergió la muerte de muchos ciudadanos bolivianos".

Las acusaciones contra el prefecto no son nuevas. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, recordó ayer que ya en septiembre de 2006, la entonces ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, había denunciado que Fernández entrenaba en Cobija a paramilitares bajo la fachada de conformar una fuerza para seguridad ciudadana.

Llorenti aseguró que el Estado solicitará contra el opositor líder departamental una condena de 30 años sin derecho a indulto por organizar y financiar una masacre. El viceministro aseguró también que nada salvará a Fernández, pues los crímenes de lesa humanidad no caducan y en caso de refugiarse en otra nación, puede ser reclamado.

Ayer trascendió que en las audiencias comparecerán varios campesinos y sus familiares que sostienen que paramilitares, francotiradores y sicarios actuaron selectivamente contra los manifestantes.

En tanto, el Ejército boliviano detuvo ayer en Cobija a, al menos, diez personas presuntamente comprometidas con los violentos enfrentamientos de días pasados e incautó armas y municiones en cumplimiento del estado sitio decretado en Pando.

El general Walter Panozo, comandante del Comando de Emergencia en Pando, dijo que los detenidos serán enviados a la justicia, aclarando que el Ejército "no obrará fuera de la ley".

Panozo dijo que la población de Pando puede estar tranquila con estas operaciones, al destacar que están identificando "a personas comprometidas con actos totalmente ilegales (y) situaciones que atentan la paz social, la tranquilidad y la democracia".

Tras la comparecencia del general a la prensa, tanto la prefectura como los grupos cívicos de Pando se mostraron sorprendidos por las declaraciones militares e informaron que lo que en realidad sucede es que en la región se vive una persecución política sin precedentes. De hecho, en estos momentos muchos cívicos se encuentran prófugos y en la clandestinidad por temor a mayores represalias.

NEGOCIACIONES

Mientras, la segunda reunión entre García Linera, y el representante de los prefectos, el tarijeño Mario Cossío, concluyó la madrugada de ayer con expectativas optimistas, pues ambas partes trabajaban en un documento para sentar las bases de la negociación.

Tras un pequeño descanso, las conversaciones se retomaron tendientes a cerrar un primer preacuerdo, que daría paso a la auténtica negociación sobre los temas que enfrentan a Morales con los líderes autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.

El documento sentaría las bases de un acuerdo nacional para superar la crisis política, informó el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, quien aclaró que, hasta el cierre de esta edición, se habían logrado "avances importantes".

El texto -que únicamente definirá la agenda de futuras negociaciones- podría ser firmado una vez que el Presidente Morales retorne al país tras la reunión de la Unasur.