Chile es uno de los pocos países en que el aborto terapéutico es ilegal. Lo cierto es que nuestras abuelas se practicaban "remedios" sin problema de conciencia porque no existían anticonceptivos modernos y el aborto terapéutico era permitido por el Código Sanitario (1931-1989).

Hoy se realizan en Chile muchos abortos clandestinos, en condiciones seguras, los menos, e inseguras los más. En 1990, Alan Guttmacher Institute los estimó en 160 mil anuales, y en la actualidad Bonnie Shepard y Lidia Casas estiman que la cifra bajó 22%, al reducirse la mortalidad materna y las hospitalizaciones por el aborto.

Es difícil medir las dimensiones del fenómeno cuando no es posible acceder a datos confiables. No favorece el registro que las mujeres que se lo practican arriesguen ir a la cárcel.

En el mundo, es una práctica legal que no trae complicaciones físicas ni sicológicas. Es anacrónico ver los artículos 342 a 345 del Código Penal bajo el título de Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública. ¿Qué resguarda la ley? No la vida de las mujeres ni su seguridad, menos su condición de ciudadanas y personas con derechos.

Existen tres tipos de mujeres que abortan: las con dinero para una clínica privada donde hacerlo con tranquilidad y en secreto; las de clase media que compran pastillas para abortar o pagan mucho dinero por uno realizado por personal mal calificado; y las pobres que introducen palillos y tallos o sondas con sustancias que les permiten abortar bajo riesgo de una perforación del útero o llegar a un hospital público, donde médicos/as y personal paramédico las maltratarán o denunciarán, basados en su propias creencias.

Chile es un ejemplo de inequidad social. Las mujeres pueden tener mayor autonomía sobre los eventos reproductivos de su vida mientras mejor situación económica tengan, así sucede con el aborto por libre demanda y terapéutico gracias a la dictadura militar, y también sucede con la pastilla del día después gracias a 36 diputados UDI y RN y el recurso que interpusieron ante el TC en alianza con el Opus Dei.

Las mujeres no abortamos porque nos gusta ni porque es fácil. Es la última salida a una situación problemática como dice Aníbal Faúndez. Nos vemos enfrentadas a la imposibilidad de tener control sobre nuestras decisiones reproductivas y quedamos embarazadas sin querer.

Razones hay como que no podemos negociar con nuestro marido o pareja cuándo tener sexo; que nuestro acceso a anticoncepción es limitado por barreras culturales o legales; que no tenemos acceso a información que nos permita conseguirla; que nos embarazamos y tenemos que asumir casi la totalidad de la carga; que no podemos mantener más hijos aún siendo felices y buenas madres; que tenemos otros planes como estudiar o trabajar; que a veces estamos solas; que no queremos criar el producto de una violación; que engendramos molas o fetos sin cabeza y no queremos esperar nueve meses para lo que nunca será un niño o niña; que algunas mujeres no queremos tener hijos, y que a veces fallan los métodos anticonceptivos.

Chile firmó y ratificó tratados internacionales como la Cedaw, cuyo comité expresó preocupación por la penalización vigente al ser un obstáculo para la equidad entre hombres y mujeres.

La población de este Estado "laico hasta donde se puede" está cada vez más dispuesta a que se legisle sobre aborto y el acceso para todas/os a los anticonceptivos. Así lo indicaron amplias mayorías en favor de la despenalización del aborto terapéutico, eugenésico y por violación en los sondeos de 2007, y la movilización social de abril del 2008 por la píldora del día después.

Aunque no exista voluntad política clara que apoye a la ciudadanía en esta materia, en Chile, hombres y mujeres tenemos que dar un debate respecto del país que queremos tener.

¿Queremos un Estado tutelado por la jerarquía de la Iglesia Católica y el Opus Dei? ¿O queremos un Estado laico y soberano, en que las políticas públicas de salud y otros ámbitos sean científicamente sustentadas como ocurriría en un Estado moderno y ciudadano?

*Colectivo Feminista Mujeres Públicas integrante de Observatorio de Género y Equidad