El 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Trabajo Decente, concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dirigida por el chileno Juan Somavía. Trabajo decente implica un trabajo estable, con contrato de trabajo, con remuneraciones justas y con protección laboral en salud y previsión, en el que se respetan los convenios fundamentales de la OIT, como la negociación colectiva y el derecho a huelga.

La ANEF adhiere con entusiasmo a esta campaña, por cuanto el Estado ha dejado de ser un ejemplo de empleador en la administración pública. En los últimos diez años sólo en la administración central el empleo temporal, denominado a contrata (empleos que caducan anualmente, sin carrera funcionaria) ha crecido al doble, de 40 mil existentes en 1996 pasó a 80 mil plazas en 2006, mientras el empleo a honorarios (sin previsión, ni salud) asciende a tres mil personas, de las cuales 10 mil han trabajado por más de un año en la administración, no respetándose en ambos casos el Estatuto Administrativo, que es la ley que rige los deberes y derechos de los funcionarios públicos.

La carrera funcionaria -el sistema chileno de ingreso, desarrollo y desvinculación- se ha deteriorado; la mitad de los trabajadores no tiene carrera, quedando sus ascensos al arbitrio de la jefatura, mientras que la otra mitad debe esperar diez años o más para ascender un grado, lo que no necesariamente impacta de forma positiva en sus remuneraciones: el funcionario pierde el beneficio de los bienios, quedando muchas veces en iguales condiciones económicas; a todo lo anterior se agrega el bajo monto que se asigna a la capacitación y la formación en el empleo (sólo 1% de la planilla de remuneraciones; en cambio en los países desarrollados es de 4%). Además, está el grave problema del daño previsional, que hace que el sistema de carrera no tenga egresos, envejeciéndose el personal porque las jubilaciones por AFP cubren sólo 33% como promedio de la remuneración en actividad, impidiendo también un sistema fluido de promoción.

A todo lo anterior se suma el que si bien Chile ha confirmado los convenios de la OIT 87, 98 y 151 sobre libertad de afiliación y de negociación colectiva, en la administración pública no se ha legalizado ni formalizado el derecho de negociación colectiva, y el de huelga aún se encuentra prohibido, desde la promulgación de la Constitución Política en tiempo de la dictadura en 1980, ejerciéndose estos derechos en forma "de hecho", pero fuera de la legislación laboral que rige nuestra administración.

Estamos convencidos de que el trabajo decente en la administración pública conduce a servicios públicos de calidad. Un ejemplo de esta afirmación se encuentran en la administración de países desarrollados como Francia, Alemania, España y otros, así como en Chile los servicios con empleos estable (de planta) con carrera sólidamente estructuradas y remuneraciones dignas y justa, como el Servicio de Impuestos Internos, que tiene una alta calificación en las encuestas Adimark en el tema de satisfacción al usuario.

Por todo lo anterior, la verdadera modernización del Estado pasa por mejorar los sistemas de personal de la administración pública mediante empleos estables o de planta que protejan al personal de los cambios políticos de los gobiernos de turno; con un sistema de carrera objetivo, transparente y justo, basado en el mérito, la experiencia y en leyes laborales que respeten los convenios laborales de la OIT anteriormente señalados. En consecuencia, todo proceso de modernización para que tenga éxito debe contar con la participación de los trabajadores, los funcionarios públicos, donde hay una riqueza, un capital humano y una vocación de servicio público aún no valorado en su justa dimensión por la autoridad política de turno y la ciudadanía en su conjunto.