En los últimos meses el Gobierno del Mandatario Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia han entrado en una abierto enfrentamiento, a raíz de las investigaciones judiciales de los nexos entre políticos y grupos paramilitares.

El presidente del máximo órgano judicial, Francisco Ricaurte, llegó a denunciar un supuesto complot que estarían organizando sectores del Ejecutivo con paramilitares para desacreditar a la Corte.  

Pese a que los dimes y diretes han ido en aumento, el Gobierno colombiano ha respetado las decisiones judiciales, incluso cuando Mario Uribe, congresista y primo del Jefe de Estado, comenzó a ser investigado por sus supuestos nexos con los paras.

Asimismo, la ex canciller María Consuelo Araújo, debió renunciar a su cargo porque su padre -recientemente extraditado desde Venezuela- y su hermano están encarcelados por el mismo motivo.  

En tanto, unos 60 legisladores, en su mayoría del oficialismo, también son investigados por la Corte Suprema por sus vínculos con las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al tiempo que diplomáticos colombianos fueron cuestionados por tener nexos o favorecer a los paramilitares.  

Los comandantes de las AUC, 14 de ellos extraditados a Estados Unidos en mayo pasado, confirmaron que al menos un 30% del Congreso elegido en 2002 -año en el que Uribe asumió su cargo- tenía relaciones con ellos, y muchos fueron reelegidos en los comicios legislativos de 2006.