En el café El Griego, de Cochabamba, cuatro mujeres juegan silenciosas a la "loba", un juego de cartas parecido al carioca. Es casi el mismo silencio que comienza a abrazar la ciudad, cerca de la medianoche del jueves. Hace algunas horas, el diálogo iniciado por el Gobierno de Evo Morales con los prefectos de la Medialuna como se denomina el lado oriente de Bolivia que componen las regiones de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Trinidad, Beni y Pando ha quedado nuevamente truncado.

El poder autonómico del que han gozado históricamente las administraciones departamentales de la Bolivia oriental sufrirá un cambio radical. Así lo plantea la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que el Gobierno de Evo Morales pretende someter a aprobación a fines del presente año.

Y ha sido esa la piedra de tope que ha marcado la tónica de un diálogo ya de varios días, que el Mandatario altiplánico ha impulsado en un intento por "pacificar a Bolivia", tras los sangrientos hechos ocurridos en Pando, en el límite con Brasil, que costaron la vida a 19 campesinos y estudiantes afines al Gobierno, a manos de hombres armados pertenecientes a la Prefectura (intendencia).

El día jueves se vencía el plazo que el Presidente Evo Morales les dio a los prefectos opositores, antes de viajar a Nueva York para tomar parte en la Asamblea de Naciones Unidas celebrada esta semana. Sin embargo, el tema autonómico sigue siendo el punto crítico que impide un acuerdo político que, incluso, cuenta con el respaldo de la comunidad internacional.

Lo cierto es que el 15 de octubre es el plazo fatal. Para entonces, tanto el Gobierno como el movimiento social campesino e indígena han advertido a la derecha que no habrá más esperas. Eso, aunque el trabajo de las mesas técnicas se retomará hoy, para acordar un documento que este lunes será revisado en una plenaria que una vez más pondrá cara a cara a Evo Morales y su más férreos detractores.

Sin embargo, la impaciencia de los indígenas y campesinos comienza a agotarse. Si bien el jueves último la decisión de levantar los bloqueos de rutas que conducen a Santa Cruz, el bastión de los "cambas", dio una tregua necesaria y propicia para alcanzar un acuerdo, ayer un masivo encuentro popular en los alrededores de Cochabamba determinó que si este lunes los prefectos no firman la propuesta gubernamental, rodearán la Casa Campestre, donde se celebran las conversaciones, y no dejarán salir a los representantes de la Medialuna.

El duro camino del indio

No sirvió la alta votación que llevó a Evo Morales a ocupar el Palacio Quemado de La Paz, hace dos años y medio ya. Tampoco el aplastante 63% que en agosto pasado rechazó la intención de revocar el mandato del primer indio que gobierna Bolivia. Pese al masivo apoyo a Morales, incluso en las regiones del oriente, como quedó demostrado en el referéndum revocatorio, la oposición no ha bajado los brazos.

La llamada "masacre de Cobija y Fuadelfia", poblados rurales fronterizos, fue el punto cúlmine de lo que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha denominado un itinerario de desestabilización golpista emprendido por la derecha terrateniente desde que Evo Morales asumió el mando. Una secuencia de sedición, a decir de los masistas, precedida por las sangrientas "guerras del gas y del agua", que tuvieron como protagonistas a miles de bolivianos volcados en la calles defendiendo las decisiones políticas de la nueva administración, destinadas a nacionalizar los recursos naturales, duramente resistidas por los gobiernos locales controlados por la derecha.

El trabajo de la Asamblea Constituyente en la redacción de una nueva carta magna sufrió también los sinsabores de la tozudez opositora, y la administración de Evo Morales se vio en la obligación de ceder un poco y sentarse a la mesa. Eso a pesar de las críticas del principal sustento de su gestión: los movimientos sociales indígeno-campesinos.

"[Los prefectos] no quieren nueva Constitución Política, y eso el país y la comunidad internacional tienen que saberlo. En la medida en que se vaya esclareciendo que ellos quieren hurgar el nuevo texto constitucional, es ahí donde se van a equivocar. Y van a encontrar en un Gobierno como el nuestro firmeza en varios temas que no los vamos a revisar con la minoría. No ha sido cómodo que hayan tenido que morir personas, que las sesiones de la Asamblea Constituyente hayan tenido que hacerse en un liceo militar y luego trasladarse a Oruro para concluir su trabajo. Y todo por la torpe, obtusa y miope actuación de la elite local, que ha pretendido marcarle el rumbo a la mayoría nacional", dijo el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, consultado por LND en Cochabamba.

De Sucre a Pando

En el itinerario, los bolivianos cuentan con estupor los hechos captados por una cámara de televisión en Sucre, que mostraba a los "cambas" obligando a campesinos e indios a arrodillarse en la plaza principal y besar la bandera departamental sucreña, al grito de "¡viva la capitalía!".

Entonces vino lo de Pando. La activa movilización indígeno-campesina que ha acompañado la gestión de Evo Morales ha sido clave en un proceso de cambio que incluso sorprende a los propios bolivianos. "Nunca antes los indios tuvieron la oportunidad de expresarse. No podían entrar a las plazas, porque allí eran correteados por los ‘cambas’. ¡Sal de aquí, indio de mierda, ‘colla’ carajo, les gritaban. A eso estaban acostumbrados los pobres y los indios de este país", dice Juan Soriano, un taxista cochabambino.

Una asamblea campesina convocó cientos de campesinos en Pando el pasado 11 de septiembre. Cuando se acercaban a Cobija, capital pandina, fueron atacados por civiles armados. Los hechos se sucederían en las siguientes 72 horas en el poblado de Filadelfia.

En la masacre participaron funcionarios de la prefectura, hasta entonces gobernada por Leopoldo Fernández, hoy preso en una cárcel de La Paz y sindicado como el principal responsable de la masacre.

"Intenté cubrir a mis camaradas, porque nuestra labor fue detener el enfrentamiento, proteger a todos. Cuando me protegía tras el carro [camioneta] fui alcanzado por un tiro calibre 22 en el omóplato", relata, sentado en la cama 401 del Hospital Obrero de La Paz, el policía Silverio Campos, de 38 años, herido en el poblado de Fuadelfia.

La detención de Fernández, bautizado a partir de entonces como el "Carnicero de Pando", apaciguó los ánimos por un momento. A poco de su detención y traslado a La Paz, la fiscalía pidió que el acusado fuera conducido a Sucre, lo que generó un choque interpretativo entre el Gobierno y la Corte Suprema. El propio Presidente Morales se encargó de advertir a los jueces del máximo tribunal antes de irse a Naciones Unidas: "Quiero pedir a la Corte Suprema que escuche lo que pide el pueblo boliviano y los familiares de las víctimas. No es posible que algunos poderes del Estado, como el Poder Judicial, traten de liberar a personas implicadas en estos delitos".

Pando cuenta desde la semana pasada con un nuevo prefecto, el almirante Landelino Bandeira, designado por Morales, en un hecho que fue interpretado como una señal hacia la Fuerzas Armadas, con cuyo alto mando se reunió el Mandatario boliviano a primera hora del pasado lunes, antes de salir a Nueva York. La casa quedaba en orden.

El Gobierno boliviano consiguió doblarle la mano al Poder Judicial, en cuyo seno aún persisten enquistados personajes afines a la derecha y las prefecturas de oriente. Fernández continúa recluido en el penal de San Pedro de la Paz, en cuyo entorno se mantienen en vigilia cientos de campesinos e indígenas, liderados por la organización aymara Ponchos Rojos. "No dejaremos que el chacal salga vivo de aquí", han advertido.

"Falta mucha sangre"

"Esos ‘cambas’ no se saldrán con la suya ¡vamos a darles su merecido, carajos, todos somos Evo Morales!, grita una mujer indígena en la plaza 14 de Septiembre de Cochabamba, en un debate público que reúne a jóvenes, ancianos, campesinos e indios, durante todo el día.

Son tertulias públicas que se vienen repitiendo alrededor de paneles informativos, televisores encendidos y mesas de debate. "No podemos confiarnos del apoyo que han dicho dar los Estados de los países hermanos. ¿Acaso ellos vendrán a dar su sangre por el pueblo boliviano?", interpela una mujer en medio de una discusión respecto de cómo "debemos defender el Gobierno revolucionario del compañero Evo". La escena se repite en La Paz. A un costado de la plaza San Francisco, un grupo de hombres toma decisiones sobre su accionar para impedir la "ofensiva golpista de los ‘cambas’".

Detractores existen, pero son más cautos a la hora de pronunciarse. Cristián, estudiante de clase media, dice que la política no es lo suyo. Que si bien ha notado mejorías tras la llegada de Evo Morales al poder, considera que es un Gobierno autoritario, que quiere "cambiar las cosas sin respetar lo que piensan en las otras regiones".

Más directo es un camarógrafo de un canal privado de televisión, apostado en la Casa Campestre tras la llegada del Mandatario al lugar de reuniones. En medio de las corridas del aparato de seguridad se nos impide acercarnos. "Siempre es así este indio. Esto es una dictadura. Nos viven correteando y golpeando", advierte el trabajador de prensa.

Omite, sí, en su relato la férrea oposición que desarrollan los medios de comunicación desde que Morales es Mandatario. Historietas, caricaturas y ridiculizaciones son comunes en noticiarios y programas de debate político de la televisión local. La prensa escrita no se queda y privilegia el acento en la polarización que vive el país, frente a un plan comunicacional del Gobierno que cuenta a su haber con Canal 7 Televisión Boliviana objeto de ataques a sus instalaciones en Cochabamba tras los hechos de Pando y Radio Patria Nueva. La confrontación mediática es sin pelos en la lengua.

Las dificultades que ha enfrentado Evo Morales en casi tres años de gestión no sólo han derivado en una fuerte polarización social. Los obstáculos han puesto en evidencia también los duros desafíos en materia social. En las calles es poderosa la esperanza de los bolivianos que históricamente fueron postergados.

"Ha habido mejorías en Bolivia desde que asumió Evo", es la impresión de Samuel, un trabajador paceño que comulga con el Gobierno, pero declara no ser masista. Ejemplifica las mejorías con el bono "Renta dignidad", impulsado por el Gobierno para ir en beneficio de ancianos y minusválidos. También con el bono "Juancito Pinto", impuesto por decreto gubernamental a principios de año para apoyar a poco más de un millón de escolares pobres de primero a sexto básico.

Pero para Samuel son mejorías que suponen un cambio más profundo. También para el funcionario público Néstor Duchen, 42 años, quien señala que lo ocurrido en Pando es parte de un escenario de desestabilización propiciado por quienes no quieren una nueva Bolivia. Una contingencia que, a su juicio, debe ser frenada a tiempo. "Se va a frenar, porque el pueblo está con una sed de justicia. Si no hacen justicia con ese señor que dirigió la masacre de Pando, el pueblo se va a levantar. Ahora bien, tenemos la esperanza de cambios en Bolivia, pero para que ese cambio ocurra se necesita mucha sangre". //LND