* Abogada de la Corporación Humanas

Han pasado 35 años desde el mayor descalabro institucional y humano que hemos enfrentado como país. Y por ello cabe reparar en los pasos que deben darse, a fin de proteger nuestra institucionalidad democrática, como asegurar la vigencia plena de los derechos y libertades fundamentales a todas y todos.

Resulta alentador poder dar cuenta de avances importantes en el trámite parlamentario de tratados internacionales de protección a los derechos humanos. Destaca la reciente ratificación por el Congreso Nacional de tratados internacionales para abolir la pena de muerte, y otros para proteger a las personas con discapacidad. Asimismo, la aprobación unánime del Protocolo a la Convención contra la Tortura por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Del mismo modo, el acuerdo del Senado para ratificar la Corte Penal Internacional constituye una excelente noticia, en especial considerando que es un mecanismo de justicia universal para combatir la impunidad de las violaciones más graves de los derechos humanos.

Sin embargo, el retiro del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos marca la nota negativa, por cuanto no se han definido los mecanismos ni los plazos que permitan reanudar el debate sobre los aspectos en que existen desacuerdos. Ello ha sido destacado en el Balance Trimestral del Poder Legislativo que realiza el Observatorio Parlamentario, iniciativa de centros académicos y ONG que fiscalizan el desempeño de los parlamentarios en materias relevantes para los derechos humanos, la democracia y la justicia.

Además, el Observatorio Parlamentario lamenta el rechazo de importantes iniciativas democratizadoras, como la modificación al sistema electoral binominal, la inscripción automática en los registros electorales y la dedicación exclusiva de los legisladores. Dicha evaluación ciudadana, igualmente, critica el nulo avance de proyectos relevantes para la profundización democrática y la protección de los derechos humanos como la iniciativa ciudadana de ley, el límite a la reelección de autoridades, el proyecto sobre participación ciudadana, el defensor de las personas y el que establece medidas contra la discriminación.

En materia de justicia de género, el observatorio sí felicita la presentación de mociones parlamentarias destinadas a impedir que desempeñen cargos públicos quienes han sido condenados por violencia intrafamiliar, como para permitir que las mujeres casadas en sociedad conyugal puedan administrar de forma autónoma los bienes adquiridos por herencia. En la actualidad, dichos bienes son administrados por el marido, a quien la ley lo define como el jefe de la sociedad conyugal.

No obstante, se juzgó de forma negativa el rechazo de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados al proyecto sobre acoso sexual y las indicaciones presentadas al proyecto para asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en el Senado.