Tras largos años de debate a nivel ciudadano y en un escenario donde el 80% de los recursos hídricos del país está en manos de una transnacional -Endesa-, finalmente llegó a arenas políticas una propuesta formal para modificar uno de los puntos más controvertidos de la Constitución de 1980: la Ley de Aguas
Ayer se formó el primer Frente amplio para la nacionalización del agua en Chile", agrupación que reúne a un conjunto de actores provenientes de todas las esferas públicas y que busca -con un proyecto de ley bajo el brazo- reformar constitucionalmente el dominio público del recurso para repatriar nuestras aguas y volver a controlarlas.
"Esto es una aberración que no podemos permitir que siga pasando. Los intereses detrás del agua la convierten en un negocio sucio, con títulos indebidos para privados, adquiridos gratuitamente y que hoy se prestan para especulación financiera. Eso tiene que parar ya", dice Nelson Ávila, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y uno de los que suscribe el grupo. La iniciativa pretende modificar uno de los Códigos de Aguas reconocido como uno de los más neoliberales del mundo, ya que entrega la potestad de lucrar con el recurso a cualquier privado que se la adjudique (ver recuadro).
"Este jaque mate constitucional-legal, como nosotros lo llamamos, nos lleva, si tú lo miras de cerca, al monopolio total de los recursos hídricos y energéticos, eso queda muy claro. No sé cómo vamos a terminar con esto, pero ya es bueno que empecemos a discutir algo que venimos pidiendo hace casi 20 años", dice Juan Pablo Orrego, coordinador nacional de la ONG Ecosistemas. Según Orrego, en este momento es inconstitucional expropiar derechos de aguas, por lo que hay que "hincarle el diente" a la reforma y estar atento al debate.
Agua de utilidad pública
El proyecto de ley fue presentado ayer por el obispo de Aysén, Luis Infanti, quien hizo pública hace un mes la carta "Danos hoy el agua de cada día", donde planteó la idea base del proyecto de ley. Para el sacerdote, el anuncio debe motivar a las distintas esferas sociales a pronunciarse sobre el tema. El documento pide reestablecer la propiedad del Estado sobre las aguas, terminar con la privatización del recurso y declararla de utilidad pública a efectos de expropiación para establecer la prioridad del Estado para disponer de ellas. Además solicita consagrar el deber prioritario de conservar, proteger y usar el recurso de modo sustentable y establecer un modo de prelación de su uso y destino.
Según Manuel José Prieto, abogado ambiental de PUC, la reforma permite evitar discusiones ante el Tribunal Constitucional de proyectos de ley que pretendan reivindicar el rol del Estado en la gestión del recurso. Pero lo más importante, dice, es que establece la facultad de fijar uso preferente mediante ley. "Ello significa que el mercado dejaría de operar como instrumento de asignación y existiría una distribución por la vía del regulador", explica.
Cabe recordar que el senador Guido Girardi, precursor de esta iniciativa, anunció esta propuesta en marzo de este año, al reunirse con el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar. En esa oportunidad, Bitar dijo que la forma de cambiar este escenario era permitir la caducidad de los derechos si estos no eran usados. Actualmente, quien no use una cuenca debe pagar por no explotarla.
