A raíz del fracaso de las negociaciones que por cerca de cuatro semanas mantuvo el Gobierno boliviano con los prefectos opositores, el Congreso de Bolivia asumió ayer un protagónico rol constitucional, tendiente a zanjar la crisis política-social que ha ensombrecido al país en los últimos meses.
Tal como los detractores del Presidente Evo Morales solicitaron desde el primer atisbo de conflicto, que en septiembre dejó 18 muertos, serán los legisladores los que deberán alcanzar un acuerdo político que viabilice la aprobación del texto de la nueva Carta Magna y un posterior referendo, en el cual la ciudadanía tendrá la última palabra.
Si bien el Mandatario dice estar "esperanzado" en que el Legislativo dé luz verde a su proyecto constitucional, sus detractores -por medio del presidente del Senado Óscar Ortiz- ya anunció que batallará con el oficialismo a fin de impedir que se apruebe la ley de convocatoria, a menos de que la Constitución sea consensuada.
La amenaza no es en vano. El Gobierno fracasó en dos intentos previos para que la cámara alta aprobara el texto, pese a las presiones de movimientos sociales pro gubernamentales.
Pero la negativa de los detractores, con mayoría senatorial, es sólo uno de los problemas que se preven, pues además de la turbulencia social, los congresistas podrían enfrascarse en una pelea sobre el procedimiento a seguir en el voto para la ley de referendo.
Ortiz dice que para convocar a la consulta, el Ejecutivo debe convencer a dos tercios del Congreso. Es decir, a 105 de los 157 congresistas (senadores y diputados). Por otro lado, el ministro de Defensa Walker San Miguel, afirma que sólo se necesita alcanzar mayoría simple.
La cuestión es que con la segunda fórmula, el Gobierno, hipotéticamente, obtendría una victoria, pero con la primera no, pues sólo tiene asegurados 83 bancas (72 diputados y 11 senadores).
CONTRA EL TIEMPO
La fijación de una sesión plenaria para mañana viernes, anunciada ayer por el presidente del Congreso y vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, podría tensar aún más a los ánimos. Esto, pues la convocatoria provocó malestar en la oposición, que la considera incoherente en momentos que se inicia un proceso de diálogo legislativo.
"Nadie va a creer razonable que en dos días se va a concertar una Constitución", dijo Ortiz, quien en la noche del martes había afirmado que las negociaciones entre los congresistas no tenían plazos fijos.
La razón es que la nueva fase de conversaciones tiene el propósito de continuar el trabajo de la mesa de diálogo instalada en Cochabamba, que finalizó el domingo sin la firma de convenio alguno.
Incluso, en la reunión que el Jefe de Estado sostuvo el martes con Ortiz y el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo (oficialista), se había acordado conformar comisiones pluripartidistas que debían comenzar a discutir el cómo recuperar las conclusiones parciales que arrojó el diálogo del Ejecutivo con los prefectos.
La prioridad sería encarrilar la nueva Carta Magna de corte indígena y estatista y, a la vez, determinar qué mecanismo se aplicarán para ensamblar en la futura carta fundamental la formación de gobiernos autónomos, reclamados con énfasis por Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.
Pero, así las cosas, es probable que la discusión se prolongue más allá de lo previsto por el Gobierno, sobre todo si García Linera insiste en su llamado.
Morales ya advirtió que hay observaciones al proyecto constitucional sobre las que "jamás habrá consenso" y, sin él, la oposición no dará su brazo a torcer.
