El brigadier (R) del Ejército Víctor Pinto Pérez es una leyenda del terror que se desató en la localidad rural de Paine, al sur de Santiago, tras el golpe militar.

Un "Guatón Romo" en miniatura, aunque Romo era civil y Pinto tenía mando de tropa con el grado de capitán.

Quienes sobrevivieron al campo de concentración de Cerro Chena -que en esos montes instaló la Escuela de Infantería de San Bernardo- y a las noches infernales vividas en este mismo cuartel, recuerdan bien a este oficial que llegó a comandar ese recinto de detención clandestino.

Ayer la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel selló el segundo trámite procesal respecto de Pinto, y lo condenó a 15 años y un día de presidio como autor de trece secuestros y homicidios reiterados de campesinos y trabajadores de esa zona.

Sin embargo, aunque la Corte mantuvo el criterio del juez instructor Héctor Solís en cuanto a no aplicar los beneficios de amnistía y prescripción por tratarse de crímenes de lesa humanidad, sí redujo en 20 años el total de las tres condenas que el ministro dictó en su contra por estas mismas víctimas.

 La Corte dispuso la acumulación de las tres sentencias individuales del ministro Solís (que sumaban 35 años de presidio) por tratarse de hechos con el mismo origen y causalidad, y aplicó el criterio jurídico de la unificación de penas.

El dictamen fue emitido por los magistrados Claudio Pavez, María Soledad Espina y Adriana Sottovia. Ahora Pinto espera lo que resuelva la Sala Penal de la Corte Suprema, que de acuerdo al razonamiento que viene sosteniendo en sus fallos desde hace un par de años, probablemente vuelva a rebajarle la condena. Y así termine cumpliendo efectivamente cuatro o cinco años de presidio y después quede en libertad, si es que entretanto no se le suma otra condena como podría ocurrir.

Ante una probable nueva reducción de pena, lo que esta vez a la Sala Penal le será difícil sostener como argumento -muy recurrido en otras ocasiones- es la "irreprochable conducta" anterior del sentenciado, puesto que independientemente de que jamás la tuvo con quienes fueron sus prisioneros, ya tiene más de una condena dictada en su contra como son las tres unificadas ayer en una sola.

En el caso del brigadier (R) Pinto y otros como él que también han sido sentenciados o al menos -por el momento- procesados por los crímenes de Paine, el conflicto aún no resuelto entre los querellantes, los acusados y el Ejército, es que esta institución y la mayoría de los involucrados en estos delitos continúan negando que en los cerros de Chena la Escuela de Infantería de San Bernardo instaló el campo de prisioneros que se conoció como el Cuartel Dos.

Sin embargo, otro de los actores principales en estos sucesos, el entonces subteniente y actual coronel (R) Andrés Magaña Bau, admitió ya varias veces en sus declaraciones judiciales la existencia de Cerro Chena como centro de detención clandestino tras el golpe militar.

Magaña fue quien comandó las matanzas masivas de Cuesta Chada (15 campesinos) y Quebrada Los Quillayes (22 campesinos) en octubre de 1973, en las cuales de acuerdo a varios testigos militares que formaron parte del comando que eliminó a los detenidos, tomaron parte además otros dos subtenientes que el ministro Héctor Solís aún no logra identificar por la cerrada negativa a colaborar de oficiales y suboficiales que asesinaron en Paine.

Esta pequeña comuna, con setenta víctimas, fue de acuerdo a la proporción de habitantes la localidad más golpeada del país por la represión.