El pugilato que enfrenta a la justicia procesal renovada frente a la justicia militar vivió ayer su primer round ante los ministros del Tribunal Constitucional (TC).
En dos horas, cuatro abogados intentaron convencer al cuerpo colegiado de lo parcial, injusto, severo, anticuado, pero por sobretodo ilegal que resulta llevar a civiles a los cuales se les imputan delitos ordinarios a enfrentar la judicatura castrense.
El recurso fue presentado por el juez de garantía Daniel Urrutia, quien enfrentó hace algún tiempo un caso en que dos carabineros formalizados por obstrucción a la justicia solicitaron su incompetencia para llevar la causa a un tribunal militar, lo que arrastraría a seis civiles, también imputados en la indagatoria.
El magistrado rechazó la inhabilidad y solicitó a los miembros del TC que se pronuncien sobre si en este caso se vulneran o no garantías constitucionales.
La ronda de alegatos fue abierta por el abogado Francisco Cox, quien representa a Urrutia. El jurista recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Palamara, en el cual el organismo ordenó al Estado chileno establecer, a través de la legislación, límites de competencia material y personal de los tribunales militares para que "en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción castrense".
En su turno, Gonzalo Medina, de la Defensoría Penal Pública, abogó por Rosa Hidalgo, una de las civiles que sería sometida a un procesamiento marcial de trabarse la competencia.
"No puede ser que cualquier ciudadano sea juzgado por cualquier militar bajo cualquier criterio" señaló tras la ponencia. El defensor solicitó que el TC establezca criterios y esperamos que resuelva que en casos como éste "no hay ningún motivo de peso para llevarla a una jurisdicción tan intensa como la militar".
El jurista destacó que existen diferencias enormes en ambos sistemas, que se hacen aun más notorias con la reforma procesal penal. Bajo la justicia ordinaria, su defendida puede optar a una salida alternativa sobre la base de la colaboración que ha prestado, lo cual el legislador premia, sobre todo porque evitó con su actuar que un inocente fuera condenado.
Sin embargo, de caer en la justicia militar no tendrá alternativa e incluso no puede hacerse acreedora de las atenuantes que contempla esa judicatura, pues se basan en condiciones militares que claramente ella no reúne.
CONTRAPARTE
En la otra esquina, el Ministerio Público Militar, representado por Marcelo Cibié, aseguró que la justicia castrense no vulnera los derechos de defensa a guardar silencio y el debido proceso para un civil.
Criticó a sus interventores de "ahogarse en un vaso de agua" e interpeló a que ellos se rigen por la actual legislación y que no pueden hacerse cargo de la lentitud de las modificaciones por parte del Estado.
Ahora, el pleno del TC analizará si es inconstitucional o no que civiles, sólo por estar formalizados con carabineros, puedan ser sentenciados por la judicatura castrense. En las próximas semanas habrá una resolución al respecto. El knockout se ve venir.
