Hasta ahora los planes o programas para enfrentarlo no han pasado de experiencias aisladas. Desde proyectos de apoyo sicológico y capacitación de monitores (marzo 2007), resolución pacífica de conflictos emanada desde el Ministerio de Justicia (2007) y mediación entre pares implementado por el Mineduc en colaboración con dos universidades también durante el 2007. En agosto de este año la autoridad educacional lanza una forma de catastro a través de denuncias en www.600mineduc.cl para decidir colegios con necesidad de intervenir. Ese dato habla de un 43% de aumento en las denuncias de matonaje escolar, sin embargo a este portal sólo llegan los casos que logran traspasar el silencio de los alumnos que son la minoría.

La falta de política que oriente para enfrentar el problema ha influido en la judicialización de los casos. La Ley de Responsabilidad Penal hace imputables a niños entre 14 y 18 años abriendo la puerta para que jueces resuelvan, de una vez, problemas de convivencia escolar que traspasaron la línea del delito. En Concepción la Fiscalía indaga la responsabilidad penal de alumnas que amenazaron a las tres niñas que intentaron quitarse la vida ingiriendo sobredosis de antidepresivos. La Fiscalía Oriente investiga el matonaje de un alumno del Liceo Lastarria y en septiembre, la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), entregó en 860 colegios un manual para enfrentar el bullying judicialmente.

La visibilidad de las agresiones por los pares actúa en la impunidad de muchos establecimientos, sobrepasados por las formas tradicionales de establecer disciplina.

Ronald (9) cursa cuarto año básico en el Colegio Ramón Freire. Al final de una de las jornadas escolares fue agredido por compañeros de quinto y sexto básico. Tomaron una pitilla y la amarraron a su cuello. Apretaron hasta causarle una quemadura que le dejó una cicatriz que días después su madre descubrió. Durante días Ronald no dijo nada de la agresión a sus padres ni a sus profesores. Sólo la paciente insistencia de su madre sacó su voz: lloró y admitió que no se trataba de la primera vez. Al dolor y preocupación de los padres le siguió la impotencia por la inmovilidad del colegio, que escucha, pero sólo recita que “aplicaremos el reglamento interno”, sin dar indicios de comprender la gravedad del incidente.

Padres desesperados y un niño asustado. No saben si cambiarlo de colegio o insistir: ¿qué será mejor?, se preguntan. Gerardo Gálvez, su padre, no cree que el colegio sea capaz de garantizar que en un recreo los mismos niños no vuelvan a agredir a su hijo. Advierte pasividad en la dirección del establecimiento y decide denunciar su situación a La Nación. La presión aplicada por este medio sobre el colegio, al inquirir las medidas concretas aplicadas para abordar la agresión a Ronald, surte efecto y a las respuestas equívocas y posteriores mentiras sobre las medidas adoptadas terminan con una propuesta que da tranquilidad a los padres. Un plan de conciliación entre los alumnos con una conversación individual con los padres y niños involucrados en la agresión. Ronald recibirá apoyo sicológico y el compromiso del colegio de trabajar en la “unidad de los niños”. Van tres días desde que Ronald regresó al colegio y hasta ahora todo marcha bien.

Cerca de 15 alumnos del Liceo Industrial Particular Cerrillos emboscaron a Patricio (16) cuando se dirigía a tomar micro de regreso a su casa. Un típico problema de adolescente que se enfrentan por una niña, terminó en una golpiza que gracias a la aparición de estudiantes a suboficiales cercanos al lugar, podría haber terminado con su vida.

Liderados por otro alumno, lo patearon y golpearon en la cabeza con una manopla, dejándolo casi inconsciente en medio de la calle. Sólo la alerta de los estudiantes de la escuela de suboficiales hizo huir a los agresores. Lo que siguió fue la constatación de lesiones, contusiones por todo su cuerpo y un TEC cerrado que le causó mareos y vómitos, además del miedo permanente de ser atacado. Patricio está con atención sicológica y licencia por al menos dos semanas.

El padre de adolescente, Patricio Sánchez, estampó una denuncia en la Fiscalía que tendrá que llamar a declarar a los presuntos implicados. El colegio fue interpelado por la familia y la pasividad inicial, y demora de varios días en ser atendido por el director, se transformó en la “aplicación del reglamento interno” que desembocó en la expulsión de dos de los alumnos implicados.

En conversación con La Nación, el rector del establecimiento, Arturo Montero, refrendó la medida, producto de una investigación de lo sucedido. Los padres del adolescente tienen dudas sobre el curso de las indagatorias, que no alcanzaron al resto de los agresores ni al inicio de un diálogo interno con los padres y apoderados del colegio que dé cuenta de las situaciones de violencia que se desatan en su interior.

Cuando Patricio vuelva al colegio, deberá enfrentar sus miedos sin un plan que lo contenga y asegure que la situación se vuelva a repetir.