"Dada la gravedad de los hechos he determinado nominar a la subsecretaria de Salud Pública (Jeanette Vega), que encabece un equipo que en terreno apoye y supervise la investigación y que en una semana me entregue el informe correspondiente por los casos ocurridos en Iquique", declaró ayer la ministra María Soledad Barría, un par de horas después de haber arribado de su viaje a la República de Kazajstán.

La secretaria de Estado ni siquiera tuvo tiempo para ir a su casa y literalmente se bajó del avión y acudió al ministerio de Salud, donde la esperaba sus asesores más cercanos y los subsecretarios que encararon la crisis en el hospital de Iquique por la falta de notificación a pacientes contagiados con VIH (virus de inmunodeficiencia humana).

Barría calificó de "graves" los hechos y dijo que comprendía la "consternación" que ha provocado el caso de 25 pacientes que no fueron informados oportunamente de su diagnóstico, cuyo testimonio más dramático es el de una mujer que falleció en julio de este año, pese a que la enfermedad fue confirmada como positiva por el Instituto de Salud Pública (ISP) en 2004.

La tarea asignada a la subsecretaria Vega es paralela al sumario que ordenó el 14 de agosto el director del hospital de Iquique, José Santos. Para facilitar las investigaciones, informó que fueron apartados de su cargo el jefe de servicio de Medicina, la enfermera supervisora, así como el jefe del banco de sangre del hospital.

"Para el ministerio éste es un hecho de la mayor gravedad y no escatimaremos los esfuerzos para conocer la verdad en el más breve plazo", aseguró la ministra, quien podría ser destituida constitucionalmente por la oposición.

CONSEJO CONSULTIVO

La secretaria de Estado informó que los pacientes del hospital de Iquique habían pasado por un proceso de consejería, donde son advertidos de la importancia de retornar a buscar sus exámenes.

Del grupo, algunos "no concurrieron a conocer el resultado, otros decidieron tratarse de manera particular o eran extranjeros. Todos ellos, están en su derecho de acudir o no acudir a realizarse el tratamiento", indicó. 

Más allá de las irregularidades, este hecho revela a juicio de la ministra- que las personas no retiran sus exámenes, pese a lo que les informan en las consejerías, por eso adelantó que no es de extrañarse que se conozcan más casos de gente que no ha recibido sus resultados en el resto del país.

Ello se origina porque tanto los prestadores públicos y privados tienen limitaciones legales para informar a las personas que se han hecho el test. Esto puede ser por vía telefónica o concurriendo al domicilio de los afectados.

"Va a haber casos en todas partes de Chile, porque hay exámenes positivos que no son retirados. Hay muchos a quienes se intenta ubicar y no se logra dar con las personas. Entonces, va a haber (otros) casos en Santiago, en los distintos hospitales en las distintas partes de Chile", aseguró.

Frente a ese escenario, sostuvo que hay que pensar entonces qué hacer para resolver esta falta de información, aunque descartó que vaya a ser un anuncio público. "¿Vamos a poner un aviso en el diario para decir que la persona tiene un examen positivo del VIH?", ironizó.

"La norma obliga primero a ubicar el teléfono que haya dado la persona. Ubicar el domicilio ( ) Habiendo hecho todo eso, si aún la persona no ha querido venir a hacerse el examen confirmatorio, yo les devuelvo la pregunta, qué quiere la sociedad que hagamos. Esto es materia de la discusión legal. Hasta ahora existe un acuerdo, que yo comparto, de que la información debe ser reservada", insistió.

Por esta razón dijo que este lunes se creará un consejo consultivo que estudiará la necesidad de cambios legislativos. Esta acción se suma al traslado de la subsecretaria Vega al norte y al estudio que en 20 días se deberá entregar a la Cámara de Diputados sobre la situación nacional de notificación, que también incluirá al sector privado.

RENUNCIA

Durante la ausencia de Barría y tras conocerse los hechos, los parlamentarios de la Alianza (en especial uno de sus más enconados adversarios, el diputado RN Roberto Sepúlveda) pidieron la renuncia de la ministra.

También lo hizo el diputado de su propio partido, el socialista Fulvio Rossi, quien manifestó que si no renunciaba, se sumaría a la acusación constitucional que la derecha planea en su contra.

"Uno siempre como ministra está disponible a todas las responsabilidades en cualquier momento. Entiendo, además, que (vivimos) un momento de elecciones, así que hay cierto nerviosismo", replicó.

La secretaria de Estado explicó que la crisis en el norte abrió dos escenarios: uno vinculado a las irregularidades y otro al estudio de los procesos de notificación que "tiene aspectos administrativos, los que estamos chequeando si se están cumpliendo o no". Por último, insistió en que será toda la sociedad la que deberá resolver de qué manera se actualiza la ley de Sida.