El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este domingo la prisión preventiva de otros dos miembros de la Policía de Investigaciones, formalizados por el Ministerio Público en el marco de la investigación del caso denominado "resoluciones falsificadas".

La Fiscalía Regional Centro Norte formuló cargos contra Richard Fabián Salinas Lillo por los delitos de cohecho y asociación ilícita; en tanto, a Óscar Enrique Contreras Cruz se le sindica autoría en los delitos de cohecho, asociación ilícita y sabotaje informático.

Respecto del primero, la fiscal Nancy González detalló que el 2006, junto al inspector Manuel Donoso (ya en prisión preventiva) supieron de parte de Margarita Cuadro del movimiento de un camión con combustible robado.

Los policías detuvieron al chofer del camión y luego contactaron al dueño, identificado como Felipe Canales, de quien obtuvieron un millón de pesos para no entregar los antecedentes al Ministerio Público.

A partir de una denuncia del delito hecha por el condcutor, un sumario en Investigaciones no consideró la acusación absolviendo a los funcionarios "a base de mentiras que concordaron decir ambos".

Contreras, en tanto, que fue detenido en Calama, está acusado de borrar antecedentes de al menos ocho delincuentes creando una identidad falsa para acceder a la base de datos de la Gepol con una clave de otro detective de esa ciudad norteña la que robó mientras se hospedó en la casa de éste.

El funcionario, además, tiene antecedentes por abusos contra particulares y hurto como el caso en que fue acusado de robar 400 dolares a un ciudadano boliviano durante un procedimiento policial, que lo llevó a renunciar a la PDI el pasado 8 de agosto.

De este modo, creció a 20 el número de arrestados como parte de una red encargada de la confección de resoluciones judiciales falsas, eliminación de antecedentes penales, sustracción y destrucción de expedientes, y realizar cambios de muestras en el Servicio Médico Legal (SML), entre otros hechos, para beneficiar a sujetos con alto compromiso delictual..

El magistrado Ponciano Sallés ordenó la prisión preventiva de Salinas Lillo y Conteras Cruz por considerar que su libertad constituye un peligro para el éxito de la investigación. Asimismo, el juez decretó la prohibición de comunicarse entre los imputados por cinco días, a de la formalización de este domingo.

Gendarmería informó en la audiencia que los dos imputados serían trasladados hasta un módulo especialmente habilitado para estos fines en la ex Penitenciaría por el lapso de incomunicación. El plazo de investigación se fijó en dos años, a partir del viernes pasado, día en que se formalizó a los primeros 18 acusados de integrar la red delictiva.