El Gobierno colombiano realizó ayer una purga sin antecedentes en el Ejército al retirar a 27 uniformados, incluidos tres generales, en momentos en que es fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y el país es visitado por la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Navi Pillay.
La destitución de los militares responde a los resultados de una investigación del Ministerio de Defensa sobre la muerte de una veintena de jóvenes -desaparecidos a principios del año en un humilde sector del sur suroeste de Bogotá-, las que fueron hechas pasar como bajas en combate con la guerrilla en el noreste del país.
"La investigación encontró que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos (acusados) en asesinatos", dijo el Presidente Álvaro Uribe al anunciar la decisión.
En tanto, el Ministerio de Defensa en un comunicado explicó que hay "serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles" incluyendo "el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones". En el comunicado se reconoce que esa situación "pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército con delincuentes externos que gozaban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados".
Los jóvenes, que vivían en Bogotá, fueron dados por muertos en combates registrados en una apartada zona rural del municipio de Ocaña (noreste), donde fueron sepultados como no identificados. Antes de sus desapariciones, desconocidos les habían ofrecido trabajo en el norte.
GENERALES LO NIEGAN TODO
Los tres generales destituidos eran los más altos responsables militares en la región donde se presentaron los supuestos combates en que murieron los jóvenes. Dos de los destituidos rechazaron las acusaciones. "Bajo ninguna circunstancia por mi mente pudo atravesar mandar asesinar a alguien para presentar un falso positivo", manifestó el general Paulino Coronado a Radio Caracol. Asimismo, el general Roberto Pico se declaró "muy sorprendido" por la decisión y dijo tener "mi conciencia tranquila".
Para el senador por el opositor Partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), Gustavo Petro, la causa de esta situación es la política implementada por el Gobierno de Uribe de incentivar a los militares por el número de bajas como prueba de eficiencia.
Petro recordó que hace tres años el Congreso debatió sobre los denominados "falsos positivos" (montajes de las fuerzas militares para presentar resultados en su lucha contra las guerrillas izquierdistas o los paramilitares), y que en ese entonces la Procuraduría (Ministerio Público) tenía mil denuncias similares al caso de Soacha.
Es de destacar la "coincidencia de que el hecho se produzca el día en que presentamos el informe (sobre desapariciones forzadas), y en medio de la visita de la alta comisionada (para los DDHH) de la ONU (Navi Pillay)", recalcó ayer Alirio Uribe, miembro de la ONG Colectivo de Abogados, en lo que es la antesala del examen que Colombia presentará en diciembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos.
Ayer fue presentado en Bogotá un informe del colectivo de ONG Misión Internacional de Observación que afirma que desde enero de 2007 hasta la fecha se ha registrado la desaparición forzada de 535 personas, en su mayoría por parte del Ejército, y que cerca de 1.300 colombianos fueron ejecutados de forma extrajudicial desde 2002, cuando asumió Uribe.
