El Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, arremetió contra el director para las Américas de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, a quien tildó de "cómplice y defensor" de la guerrilla de las FARC.

"Antes de que el señor Vivanco, defensor de las FARC, antes de que el señor Vivanco, cómplice de las FARC, viniera aquí a criticar la política de seguridad democrática, nosotros estábamos haciendo un esfuerzo por sacar este país adelante", aseguró Uribe en la noche del domingo, durante una reunión con indígenas que protestan desde el 14 de septiembre, en la cual denunciaron violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, a la que culpan del asesinato de tres nativos durante las manifestaciones.

En este sentido, el Mandatario cafetero agregó que "si hay daños de la fuerza pública se investiga, se repara, se indemniza y se condena a los culpables. El Gobierno pide que se adelanten esas investigaciones con toda claridad, porque es que a mí no me va a enseñar el señor Vivanco derechos humanos".

Previamente, el sábado, durante un consejo comunitario, Uribe sostuvo que su Gobierno le había perdido respeto al directivo de HRW y agregó que "el señor Vivanco no es nuestro profesor en derechos humanos y no lo recibimos como tal. Aquí le perdimos el respeto hace mucho rato".

En este contexto, ayer el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, justificó las afirmaciones de Uribe, argumentando que Vivanco "es un elemento de la oposición" al Jefe de Estado colombiano, por lo que "todos sus informes están cargados de sentimiento ideológico, son subjetivos y el Gobierno no los puede aceptar".

Hace dos semanas, al presentar su informe anual sobre derechos humanos en Colombia, HWR llamó al Mandatario a no obstaculizar las investigaciones de nexos de políticos de su entorno, empresarios y miembros de la fuerza pública con paramilitares de ultraderecha.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) son la mayor y más antigua de las guerrillas del país.

La polémica con Uribe se produce dos meses después de que Vivanco fuera expulsado de Venezuela tras la divulgación de un crítico informe de la organización humanitaria sobre la acción del Ejecutivo del Presidente Hugo Chávez.

El documento criticó el "desprecio" del Presidente Chávez por "derechos fundamentales", bajo el título "Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela".

El texto destaca que el "presunto compromiso" del Jefe del Estado venezolano con la democracia es "contradictorio con el desprecio, por parte de su Gobierno, de garantías institucionales y derechos fundamentales".

Para Vivanco resultaba "particularmente serio el debilitamiento sistemático, y creemos, deliberado, de las instituciones democráticas".

"Nos preocupa mucho la situación en Venezuela, nos preocupa que el debate político se dé en un contexto donde hay instituciones políticas tan débiles", agregó.

El informe y las declaraciones de Vivanco molestaron a Chávez, quien no dudo en expulsar al directivo de la ONG, pues -según se señaló en un comunicado de la Cancillería- "ha violentado la Constitución y las leyes" de Venezuela "agrediendo a las instituciones de la democracia venezolana".

Señala asimismo que se ha inmiscuido "ilegalmente en los asuntos internos" del país.

La Cancillería agregó en esa ocasión que el Gobierno decidió la expulsión de Vivanco, con pasaporte chileno, "con base en los valores constitucionales de defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano".

En Chile, en tanto, en septiembre, el subsecretario de RREE, Alberto van Klaveren, consideró que la expulsión era una reacción "absolutamente desproporcionada".