Una matanza. Así define el informe que encargó la Unasur -cuya presidencia pro témpore ejerce la Presidenta Michelle Bachelet-, los hechos ocurridos en el departamento amazónico de Pando (Bolivia) a mediados de septiembre y que terminaron con 18 personas muertas.
El documento encargado a un grupo de expertos en medio del monitoreo que el bloque regional realiza de la crisis que vive Bolivia, será entregado la próxima semana a la Jefa de Estado chilena.
En el texto -cuyo contenido fue adelantado ayer por el diario español El País- se señala que decenas de campesinos partidarios del Presidente de Bolivia, Evo Morales, fueron emboscados y tiroteados por civiles sin que las fuerzas del orden ni el prefecto de la zona hicieran nada por impedirlo.
Asimismo, detalla que los hechos se enmarcan dentro de los enfrentamientos entre el Presidente y los grupos opositores autonomistas. Mientras que los contrarios al Mandatario ocuparon oficinas del Gobierno y el Instituto de Reforma Agraria -donde están depositados los títulos de propiedad de las tierras-, desde Filadelfia, una localidad cercana, se organizó una columna de aproximadamente mil campesinos que iban a asistir a una asamblea en la capital, y previsiblemente, asediar a los ocupantes.
El consultor argentino de derechos humanos y responsable de la comisión, Rodolfo Mattarollo, aseguró que "sectores cívicos prefecturales se organizaron para impedir que los campesinos llegaran a la ciudad" y detalló que incluso "se cavaron zanjas con excavadoras propiedad del Estado, con varios metros de profundidad".
El periódico asegura que en el informe sobre lo sucedido en Bolivia se dejará establecida la absoluta pasividad de las fuerzas del orden, que contemplaron lo que ocurría sin intervenir.
Mattarollo, incluso, destacó que algunos de los heridos fueron bajados de las ambulancias que los trasladaban al hospital para ser maltratados y golpeados.
"Lo de Pando fue una masacre; ésa es exactamente la palabra indicada, porque es así como definen este tipo de hechos los protocolos internacionales", aseguró Mattarollo.
La comisión identificó 26 muertos y más de 40 heridos por armas de fuego, aunque no se descarta que existan más víctimas. Entre los muertos hay tres jóvenes que fueron claramente ajusticiados y cuyos cadáveres fueron, además, mutilados.
El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fue detenido por orden del Presidente Morales y enfrenta una acusación de genocidio, permanece en una cárcel de La Paz, aunque no se ha determinado qué tribunal lo juzgará.
La localidad de Pando está sometida a estado de sitio desde septiembre, volvería a la normalidad la próxima semana, según anunció ayer el ministro boliviano de Defensa, Walker San Miguel, una vez que se conozca el informe que -dijo- "esclarezca la situación y se conozca la verdad".
