La Policía de Investigaciones (PDI) no descartó que, en el transcurso de la indagatoria que se le sigue al ex prefecto Trevor Oyarzún, acusado de apropiarse de $40 millones del "robo del siglo", aparezcan más funcionarios de la PDI involucrados.

Fuentes ligadas al director nacional de la policía civil, Arturo Herrera, señalaron que "hay una investigación en curso y no se puede descartar que haya uno o dos más involucrados, incluso de distintos estamentos". No se especificó el rango ni las unidades a que pertenecerían los nuevos implicados.

En cuanto a la polémica por los dichos de Herrera, quien declaró que se sentía decepcionado de tener que dar la cara por estos "sinvergüenzas", la PDI aclaró que "el director nacional se refería al conjunto de todos los detectives detenidos en las pesquisas por la red de corrupción".

Las mismas fuentes añadieron que "en todo caso el señor Trevor Oyarzún reconoció en el tribunal que había pagado por una alcoholemia falsa. Lo admitió públicamente. Por lo mismo, el director Arturo Herrera no cae en ninguna injuria o calumnia por el uso del calificativo de sinvergüenza".

"TENDRÁ QUE RETRACTARSE"

La abogada que representa al ex prefecto jefe de Delitos contra la Propiedad, María Verónica Rocca, dijo que las declaraciones de Arturo Herrera le parecían "gravísimas" y que a futuro el director de la PDI "tendrá que retractarse de ellas".

"¿Ustedes han escuchado alguna vez al presidente de la Corte Suprema prejuzgando a los jueces que han sido cuestionados? ¿Han escuchado a Sabas Chahuán (fiscal nacional), cuestionando o prejuzgando a los fiscales que han estado cuestionados? ¿Por qué en este caso tiene que ser distinto?", preguntó la abogada.

Agregó que "el señor director de Investigaciones va a tener que volver a dar la cara, pero esta vez la va a tener que dar para retractarse. ¿Qué fiscal administrativo de la policía civil podría declararlos inocentes si la máxima autoridad institucional los condenó?".

Rocca y el abogado Emilio Carreño, representante del aún comisario Jorge Sánchez, detenido junto a Oyarzún, apelaron a la prisión preventiva decretada contra ambos imputados, por malversación de caudales públicos.

La Fiscalía Centro Norte los acusó de quedarse con parte del botín del llamado "robo del siglo", hecho ocurrido en 2006, cuando un grupo de sujetos logró sustraer $922 millones de un camión Brinks en el aeropuerto de Santiago.

Los abogados aseguraron que estas imputaciones carecen de sustento y que no existe motivo para que permanezcan privados de libertad. La principal prueba contra Oyarzún y Sánchez son las declaraciones de uno de los condenados por el robo, Jaime Gatica, junto con las de una hermana de este sujeto y de dos testigos protegidos.

Ambos visitaron a sus defendidos en la cárcel Santiago 1, donde están recluidos e incomunicados, luego de que el director de la PDI rechazara la petición de ingresarlos en una unidad policial.

Rocca criticó la decisión, señalando que la vida de los imputados corría peligro en un penal común. Hasta ayer, Sánchez seguía siendo comisario activo, pero la institución se aprestaba a expulsarlo.