Usar los embalses como controladores de caudal y prevenir catástrofes. Esta es la herramienta principal que tiene desde hoy la Oficina Nacional de Emergencias, ante un Estado de Alerta de crecida por lluvias torrenciales, mediante la nueva Ley de Operación de Embalses Frente a Alertas y Emergencias de Crecidas, promulgada ayer por la Presidenta Bachelet.

El nuevo instrumento faculta a los operadores a vaciar los embalses y ocuparlos como un gran recipiente cuando se estime que las precipitaciones pueden ocasionar daños a personas o infraestructura pública aguas abajo.

"Con la tecnología disponible y un adecuado sistema de gestión a nivel comunal podemos evitar el problema más grave que es la pérdida de vidas humanas, podemos definir los lugares en que hay riesgos para las personas en las emergencias causadas por fenómenos climáticos", dijo la Mandataria.

Manual de operaciones

La normativa coordina los pasos a seguir una vez emitido el estado de alerta desde la Onemi, con lo que la intendencia correspondiente y las direcciones de Aguas (DGA) y Obras Hidráulicas (DOH) actúen conforme a un manual de operación para estos casos. Para eso, desde ahora todos los embalses a lo largo del territorio -y sus operadores respectivos- deben registrarse y presentar planes de contingencia ante crecidas, además de instalar y mantener sistemas de monitoreo. La idea es evitar desgracias humanas o cortes de carretera por las crecidas de los cauces, tal como ocurrió en julio de 2006 en el Alto Bío-Bío.

Bajo esta premisa, los embalses que no cumplan con los procedimientos del manual y las autoridades pertinentes podrán ser multados por no instalar y mantener estaciones de monitoreo de caudal desde 50 hasta 500 UTA (Unidad Tributaria Anual), por no cumplir con normas de sus propios manuales de operaciones de 200 hasta 2.000 UTA y por incumplimiento de medidas adicionales ordenadas por la autoridad desde 200 hasta 6.000 UTA. La iniciativa también sanciona todas las obras, urbanizaciones, edificaciones o intervenciones ilegales que se realicen en cauces y ríos que provoquen daños a la población o alteren el régimen de escurrimiento con multas que van de 100 a 1.000 UTA. Y más importante aún, los obliga indemnizar a los perjudicados, según corresponda.

Por consiguiente, el proyecto también asegura que de haber hecho proyecciones erradas, que no devuelvan la cota de agua original del embalse después de las precipitaciones, el Estado se hace parte e indemniza a los operadores.

El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, dijo que "esta es la manera de prepararse para mejorar los procedimientos y la infraestructura ante las contingencias e inminencias del cambio climático.