Al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) fueron derivados los antecedentes sobre las irregularidades que la Contraloría detectó en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia.

Ayer el órgano revisor de cuentas publicó en su sitio web el informe final sobre la auditoría, donde detalla las anomalías que encontró en las transacciones de ingresos y gastos que se realizaron entre julio de 2006 y abril de 2007.

En este sentido la entidad que dirige Ramiro Mendoza cuestiona varios puntos. El primero de ellos dice relación con que la corporación no informó respecto del dinero que percibió por concepto de matrículas. "Al respecto, la autoridad comunal en su respuesta señaló, en síntesis, que se cobra una cuota mínima con la autorización del Ministerio de Educación, la cual es destinada a la compra de insumos", señala el informe.

Agrega que "la administración de dichos recursos ha sido delegada en los establecimientos educacionales dependientes". Sin embargo, la Contraloría precisa que la delegación de esos recursos obedece a procedimientos normados conforme a los artículos 21 y 22 de la ley 19.410, "disposición legal a la que no se ajusta lo señalado, en consecuencia corresponde mantener la observación formulada".

Además se objeta la concesión de quioscos no informados. "Se comprobó que al interior de los establecimientos educacionales se practica una actividad comercial, cuyos ingresos por concepto de arriendo no son ingresados a las arcas de la corporación", cuestiona el ente fiscalizador.

Falta claridad

Al mismo tiempo refuta el hecho de que haya cifras generadas por el área salud que tampoco fueron informadas. "No fue posible determinar con exactitud la totalidad de ingresos administrados por esa corporación municipal durante el período fiscalizado", subraya el informe.

En torno a los egresos, la Contraloría recalcó que hubo desembolsos que no fueron acreditados de manera suficiente. "La Corporación Municipal de Cerro Navia, pese a haber proporcionado antecedentes sobre acreditación de gastos, no puso a disposición de este organismo los necesarios que permitan comprobar desembolsos por la suma de $9.608.455", asegura la entidad.

Esta cifra, detalla el órgano revisor de cuentas, corresponde al pago de honorarios que no fueron respaldados de manera fehaciente. Asimismo, existen otros desembolsos insuficientemente acreditados y fondos pendientes de rendición de cuentas. En este sentido, la Contraloría señala que "durante la visita se tomó conocimiento que recursos entregados con una finalidad específica, carecían de su respectiva rendición de cuentas".

Y agrega que "el director de finanzas (S), Kennet Fischer, informó que la alcaldesa y presidenta de la corporación habría presentado una querella sobre fondos sujetos a rendición de cuentas, entregados a empleados de esa entidad corporativa por $8.462.492, sin aclarar al 31 de diciembre de 2007". No obstante, el ente fiscalizador afirma que la copia de dicha querella no fue proporcionada.