En estos días, el Ejecutivo repondrá el proyecto de ley que crea una Defensoría de las Personas, luego de que hace un par de semanas, los diputados que habían manifestado su compromiso de aprobarla, en una bochornosa actuación, la rechazaran. La sociedad civil lleva veinte años luchando por la creación de esta institución tan necesaria para garantizar el ejercicio y la defensa de nuestros derechos.

Datos de Genera (2008) establecen que un 80% de los chilenos no cree que en nuestro país se respeten los derechos de las personas, mientras un 88% de los encuestados cree que en Chile no somos todos iguales ante la ley. En nuestro Barómetro sobre Abuso de Poder (2007) la mitad de las personas declara que sus derechos no fueron respetados al menos una vez durante 2005 y 2006, en servicios básicos como salud, educación, vivienda y previsión social.

El mismo estudio de Genera constató una mayor disposición de las personas a reclamar se duplicó entre 2005 y 2006 , lo que nos habla de una ciudadanía cada vez más crítica y que ahora detecta abusos donde antes no lo advertíamos. Es necesario canalizar esta cultura de progresiva responsabilidad y empoderamiento ciudadano frente a los asuntos públicos, en el contexto de una democracia debilitada justamente por sus dificultades para garantizar y hacer efectivo el ejercicio de derechos.

Estamos conscientes de que el proyecto que se repondrá en el Parlamento es un gran avance. Este año logramos finalmente, en conjunto con el Poder Legislativo, delinear una serie de definiciones respecto de lo que debe ser esta figura en nuestro país, institución presente en gran parte de los países del mundo y América Latina, salvo Cuba, Uruguay y Chile.

El proyecto consensuado transversalmente en el Parlamento contiene los principales puntos señalados por los Principios de París que debe contener una institucionalidad nacional para la defensa y promoción de los derechos humanos. Así, este proyecto de reforma constitucional establece la autonomía de la Defensoría en relación al poder político, dotándolo de la legitimidad ciudadana necesaria, estableciendo la consulta ciudadana para los postulantes al cargo, nominado que luego deberá ser aprobado por el Congreso.

Entendemos que, no obstante ser un gran avance en la profundización de la democracia en Chile, aún falta perfeccionar una seria de puntos fundamentales, referidos a las atribuciones, estructura y funcionamiento de la Defensoría. Para ello, la ciudadanía tendrá el desafío de informarse y participar en la discusión de la tramitación de una ley orgánica constitucional.

Algunos sectores argumentan que Chile tiene suficiente institucionalidad para resguardar los derechos de las personas. Sin embargo, el rol de la Defensoría no entra en competencia con los organismos regulatorios del Estado; es un ente que vela y promueve los derechos de las personas, por intereses colectivos y generales. ¿Quién protege hoy los derechos de las personas cuando éstos están en tierra de nadie o de muchos? ¿O cuando se han agotado las instancias de solución? La Defensoría estaría orientada a abordar estos problemas, no a su dimensión judicial.

Esperamos que se concrete el anuncio de reposición de este proyecto con carácter de urgencia y la aprobación por parte de los parlamentarios, ya que representa una aspiración largamente buscada desde la sociedad civil, comprometida en los programas de Gobierno de todos los candidatos presidenciales y, por lo demás, ampliamente dialogado con la ciudadanía. //LND

* Coordinadora de Movilización y Redes de Genera.