En un reportaje sobre la tramitación del proyecto de ley que modifica la institucionalidad ambiental creando el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia Ambiental, la Diputada Denise Pascal (PS) sostuvo que la participación ciudadana en el proyecto es "muy débil".  

No puedo menos que concordar con ella toda vez que una de las debilidades más graves de la Ley Nº 19.300 Sobre Bases del Medio Ambiente es, precisamente, el rol de la participación ciudadana. Las organizaciones ciudadanas y de las personas naturales directamente afectadas por un determinado proyecto sólo sirven como elementos de apoyo en la toma de decisión de la autoridad, pero carecen de todo poder vinculante. La ley dice que la autoridad deberá "ponderar" dichas opiniones, pero ello no significa que les deba otorgar un valor especial.  

Es cierto que el papel que debe jugar la participación ciudadana y su valoración en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un tema álgido. No obstante ello, dentro de los rangos de importancia que se le pudo asignar, en Chile se optó otorgarle el rol más bajo.  

A lo anterior se debe agregar que los plazos que tiene la ciudadanía para expresar su opinión son fijos: 60 días, sin  considerar la complejidad o el volumen de la información que ha entregado el proponente del proyecto. De tal manera, en algunos casos este plazo puede ser el adecuado, pero en otros es dramáticamente escaso. Baste ver lo que sucede con el actual proyecto HidroAysén, donde la empresa, para contestar las observaciones de los servicio públicos, solicitó suspender el proceso de evaluación durante nueve meses. Sin embargo, la ciudadanía sólo tuvo 60 días para efectuarle observaciones.  

Es evidente que la norma legal que fija un plazo único para la participación ciudadana vulnera abiertamente la garantía del debido proceso que establece el inciso 5º del Nº 3 del artículo 19 de la Constitución, pues no están en un mismo plano de igualdad la ciudadanía y el proponente del proyecto.  

Es fundamental que en este reestudio de la institucionalidad ambiental se forme una mesa de diálogo entre Gobierno, parlamentarios y ciudadanía, para redefinir el rol y el alcance que se le debe dar a la participación ciudadana en la defensa del medio ambiente.

Fernando Dougnac R.

Presidente de la Fiscalía del Medio Ambiente