Desde el mismo día en que los primeros 20 prisioneros fueron transportados desde Afganistán vestidos de color naranja y esposados, el campo de detención de la bahía de Guantánamo ha sido una pesada carga colgada al cuello de las dos administraciones de George W. Bush. El secretario de Defensa de la época, Ronald Rumsfeld, eligió el enclave cubano como "el lugar menos malo" para mantener a los cautivos acusados de terrorismo. Pero la iniciativa de tener un centro fuera del alcance de las leyes estadounidenses o internacionales, para que los "combatientes enemigos" pudieran ser retenidos indefinidamente sin cargos, corroyó sostenidamente la imagen de Estados Unidos en el mundo.

Las imágenes de los detenidos languideciendo en pequeñas jaulas en el llamado sector Camp X-Ray y el continuo flujo de informes sobre violaciones de los derechos humanos, cobraron un fuerte precio.

La existencia del campamento ha irritado y abochornado a los más estrechos aliados de Washington y se ha convertido en un arma de reclutamiento para sus enemigos. Casi seis años después, no se debate si "Gutmo" debiera cerrarse: sólo cómo hacerlo. Mientras se aproxima al final de su mandato, el Gobierno Bush trata ansiosamente de eliminar su legado tóxico.

John Bellinger, el principal abogado del Departamento de Estado, ha venido intentando persuadir a otros gobiernos para que acepten a detenidos que sean liberados. Más de 500 han sido ya enviados a sus patrias de origen o a terceros países, pero todavía quedan 250 prisioneros que no pueden regresar a casa por temor a ser perseguidos y a los que nadie más aceptará.

DÓNDE MANDARLOS

Pero la pregunta de qué hacer con los reclusos que quedan divide a sus ideológicamente diversos equipos de Seguridad Nacional y de Justicia. Un informe de un panel no partidista de expertos estadounidenses en seguridad y derechos humanos sobre el cierre del enclave militar estima que el campamento podría vaciarse dentro de un año si la administración Obama se decidiera por un corte tajante respecto de las políticas de Bush y dedicara suficientes recursos a la tarea.

El documento postula la creación de una comisión independiente que revise los casos de todos los detenidos, evalúe las evidencias en su contra y ordene la libertad inmediata de los inocentes. La primera tarea será completar la iniciativa del Gobierno de Bush para encontrar hogares a los entre 150 y 200 prisioneros que, según abogados al tanto de sus historias, no tienen cargos por los que responder pero que no pueden ser enviados de vuelta a sus países.

EL DILEMA MÁS DIFÍCIL

Una segunda categoría de prisioneros será juzgada fuera de Guantánamo, pero plantea el tema de si los juicios serán realizados ante cortes marciales militares en EEUU o por el sistema legal civil. Esta será una decisión que tiene que ver con el fondo filosófico del tema: ¿debiera Estados Unidos considerar al terrorismo como una amenaza militar, o como una empresa criminal, o como un híbrido de las dos cosas?

En el otro lado del debate hay en esta administración embrionaria un bando por el "Estado de derecho" que afirma que cualquier cosa que sea menos que un retorno a la normalidad constitucional privaría a Obama de la buena voluntad internacional que obtendría al eliminar Guantánamo.

La discusión deja de manifiesto el dilema más difícil que probablemente enfrentará la nueva administración para alinear al bando internacional: si debiera haber una tercera categoría de prisioneros, estimados demasiado peligrosos para liberar pero demasiado difíciles de procesar. Las evidencias contra ellos podrían consistir en materiales de inteligencia que no pueden ser revelados en un tribunal, o que no alcanzan a constituir pruebas legales.

¿UN NUEVO LIMBO LEGAL?

La administración Bush ha venido buscando un acuerdo internacional para una nueva forma de detención preventiva que permita que los detenidos de esta tercera categoría sean retenidos en EEUU y el extranjero.

Hay pocas señales, sin embargo, de que la comunidad internacional tenga apetito por alejarse de esa manera de las leyes establecidas sobre derechos humanos. La decisión acerca de la detención preventiva será exclusivamente de Obama. Varios de sus asesores y aliados, incluidos los liberales, piensan que el terrorismo es una amenaza tan perniciosa, y que los riesgos de seguridad por liberar sospechosos son tan grandes, que una nueva legislación que permita la detención preventiva es inevitable. Los riesgos políticos de que un recluso liberado lleve a cabo un ataque son también enormes.

En tanto, abogados de derechos humanos dicen que un sistema nuevo de detención preventiva sería visto como otra versión de Guantánamo, sería una efectiva herramienta de reclutamiento de Al-Qaeda y perpetuaría la imagen que promueven los extremistas de sí mismos como guerreros y no criminales.

Sarah Mendelsohn, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y autora del informe sobre el cierre de Guantánamo, dice que no hay certeza sobre cuál camino tomará Obama. Pero cree: "El Presidente electo ha hecho clases sobre la Constitución en una de las más prestigiosas escuelas de derecho del país. Se basaban en volver a optar por el sistema internacional. La idea de buscar un nuevo régimen legal que se traduzca en más años de litigios no le será atractiva. No será el corte tajante que él necesita hacer".