El Senado aprobó la Ley General de Educación (LGE), la legislación que reemplazará a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE, heredada de la dictadura de Pinochet), con los votos de la mayoría de la Concertación y de la Alianza. Es un paso decisivo hacia el mejoramiento de la calidad de la educación, una deuda de la democracia con el país y que fue posible por la movilización de estudiantes, profesores y apoderados.

Es cierto que la nueva legislación no satisface todas las expectativas de quienes lucharon por ella y probablemente tampoco las de los parlamentarios de la Concertación. La LGE es el reflejo del consenso posible en torno a una ley orgánica que requiere quórum calificado y, por tanto, de un margen importante de consenso con la derecha. Un cambio más profundo en el marco global legislativo sobre educación requeriría de una correlación de fuerzas políticas distinta en el Congreso, que sin duda es necesario construir para la profundización de la democracia.

No deja de sorprender la votación en contra de la LGE de senadores de la Concertación -alguno de ellos alto dirigente de su partido-, cuyas colectividades concurrieron al acuerdo para modificar este marco global. Una vez más, estos parlamentarios se la han jugado por su agenda particular, haciendo gala de un individualismo propio del neoliberalismo.

Chile requiere de un fortalecimiento profundo de su educación pública para alcanzar mayores niveles de equidad y de desarrollo económico. Pero para ello hay que construir una mayoría significativa que no se verifica en el Congreso. Trabajar para que esa mayoría exista tiene como eje a una Concertación que requiere mostrar cohesión y coherencia ante la ciudadanía.

Las elecciones municipales ya mostraron una señal de advertencia en cuanto a que la actual coalición de Gobierno contará con el apoyo ciudadano en la medida que se ordene. Lo han planteado los líderes de la Concertación, como Ricardo Lagos, a quien sus seguidores más próximos han vuelto a dar la espalda en esta ocasión.

Pese a las dificultades, la Presidenta Bachelet ha logrado empujar una de las reformas más importantes que puede quedar configurada durante su mandato: la de la educación. Ha sido posible por las habilidades de la Mandataria y su equipo -con un rol destacado de la ex ministra Yasna Provoste- para escuchar a la gente y aunar fuerzas en torno a transformaciones fundamentales.

La LGE pone en el centro de las preocupaciones la responsabilidad del Estado por tener una educación de calidad. El complemento necesario e insustituible de ella en el actual contexto será la ley de fortalecimiento de la educación pública. Esta legislación ingresó hace poco al Congreso y debería contar con el apoyo de la Concertación y la mayoría de los parlamentarios independientes.