El tío Juan era un guaguatero empedernido. La dedicación que le profesaba a su sobrinita Andrea era un regalo para su hermana. La bañaba y la llenaba de mimos. Su cariño no se diluyó cuando creció. Al contrario. Eran "yuntas". Todo cambió cuando la mamá de Andrea (hoy de 13 años) se dio cuenta que el vientre de su hija estaba más abultado. Sólo entonces la niña pudo verbalizar su drama: estaba embarazada de su tío, quien la violaba desde los seis años. Pero su desahogo cayó en el vacío. Su madre se negó a los hechos y tuvo que salir del hogar con un hijo y una familia destruida.

El caso es real y se repite más de lo se imagina. Andrea es sólo una de las 225 niñas violadas -entre 11 y 18 años- que fueron estudiadas por especialistas del Centro de Medicina Reproductiva para Adolescentes de la Universidad de Chile (Cemera).

Si bien todos los casos ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 19.617 que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales en materias relativas a la violación, los casos dan cuenta de una realidad que no ha cambiado mucho: la baja tasa de denuncias y de sanciones para los agresores. Eso sin contar la revictimización que sufren incluso en el actual sistema penal (ver recuadro).

Enemigo en casa

Al igual que el caso de Andrea en un 80% de las niñas estudiadas, el abuso quedó en evidencia por un embarazo. Como una de 11 años que en su primera ovulación quedó embarazada de su abuelo, su agresor sexual.

De hecho, los familiares lideran los ataques. Según el estudio, el 40% de los casos fue intrafamiliar.

Pero independiente del origen del ataque, la norma es que la denuncia y las sanciones para el victimario fueron bajas: en el 23,6% el agresor sexual fue detenido; en el 14,9% fue inubicable; en el 44,1% el proceso fue detenido por falta de pruebas; en el 4,3% se retiró la denuncia y en el 13% el caso fue sobreseído. (Según el Ministerio Público entre 2000-2004 sólo un 9,9% de los casos terminó en condena).

Según Electra González, autora del estudio, las bajas sanciones se explican en muchos casos porque la denuncia se realiza tardíamente perdiéndose pruebas indispensables.

González dice que este es un delito difícil de probar y aunque reconoce avances aún falta mucho por avanzar en el trato a la víctima. "Se llegan a acuerdos preliminares, lo que no me parece. Por ejemplo, que el agresor se haga cargo de costear el tratamiento sicológico a la menor", dice la experta del Cemera.

La falta de justicia y el descrédito en ella también inciden en la no denuncia. El 26,7% entregó esa razón para guardar silencio.

Las razones del miedo

Una razón importante que explica la demora está relacionada con la amenaza del agresor, que ocurre especialmente en la violación intrafamiliar (91,3%) que fue casi siempre reiterada, bajo intimidación y en el hogar de la adolescente. La familia hace un balance entre hacer o no la denuncia y si este es desventajoso puede influir en que ésta no se efectúe.

Pero el miedo no sólo se relaciona con el victimario. Con frecuencia se observó que las adolescentes experimentaron temor a enfrentar la reacción de padres o tutores porque pensaban que no les iban a creer, a que podían recibir castigo o ser culpadas por estimular la violación.

La estigmatización social, del barrio, del colegio, de los amigos, de la familia, también fue una razón.

El comportamiento insensible de las instancias judiciales, la actitud fría e impersonal del actuario, quien con frecuencia pone en duda sus declaraciones, muchas veces por inconsistencias propias de la situación traumática que vivió la menor que no les permitieron recordar los detalles, también asoma como una causa del escaso éxito de juicios de este tipo.

DATOS
►23,6% de los agresores de las víctimas del estudio fueron detenidos
►44,1% de los procesos fueron detenidos por falta de pruebas
►13% de los casos fueron sobreseídos