EL TÉRMINO DEFINITIVO de la estructura del antiguo sistema procesal penal, en diciembre de 2010, pone en duda el destino que tendrán cientos de causas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura que permanecen abiertas en todo el país.

De acuerdo a la ley que reguló el nuevo procedimiento procesal penal, en diciembre del año del bicentenario desaparecerán todos los juzgados del Crimen y con ellos la figura del ministro en visita.

Esto tiene directa incidencia en las causas de DDHH que en la actualidad están en manos de 22 ministros de cortes de Apelaciones, quienes operan en la calidad de ministros visitadores. En Santiago, donde se concentra casi el 80 por ciento de las 340 causas, existen siete de estos magistrados.

Si se cumple la ley procesal penal, los referidos juicios quedarán absolutamente huérfanos, sin jueces que los continúen instruyendo. La situación inquieta a organismos de derechos humanos, sus abogados y las agrupaciones de familiares de las víctimas.

De las 340 causas abiertas, sólo en 138 de ellas existe ya sentencia definitiva, lo que equivale al 40,5 por ciento. De esta manera, en 202 juicios (59,5%) aún no concluye la investigación para dictar sentencia.

Formas de solución

El vocero de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, dijo el viernes que el máximo tribunal del país ya se encuentra preocupado de cuál será la salida que se deberá adoptar para evitar que casi el 60 por ciento de los procesos por violaciones de los derechos humanos quede sin juez instructor.

Para este tipo de causas, los dos años que restan son prácticamente nada, por la lentitud de su avance. Varias llevan diez, quince y más años sin que se dicte sentencia.

Si bien lo más probable es que no exista inconveniente para que el Parlamento apruebe un proyecto de ley que haga una excepción respecto del fin de los ministros en visita que tienen a cargo estas investigaciones, el problema es cómo acelerar el trabajo de ellos.

Esto último implicaría reponer la función de la dedicación exclusiva, lo que significa que estos 22 ministros dejen de cumplir las otras funciones normales de un magistrado de corte, resintiendo notoriamente el funcionamiento de estos tribunales de apelación.

Por otro lado, incorporar jueces del sistema procesal penal nuevo tiene como resultado la ignorancia casi total que estos tendrían acerca de la enorme cantidad de información que manejan los actuales magistrados investigadores.

La AFDD

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó a La Nación que "el plazo fatal de diciembre de 2010 es algo muy grave, porque significa que los juicios se paralizan".

Para Pizarro, "en dos años es imposible que estos ministros terminen sus investigaciones. A nosotros nos parece que esto es una expresión más de que simplemente se quiere terminar con todos estos juicios. Y todavía más, nos parece increíble que cuando se dictó la legislación que puso en marcha el nuevo proceso penal, no se haya previsto lo que iba a suceder con estas causas".

Según el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, "aquí lo que corresponde es que se apriete el acelerador a fondo en las investigaciones, pero eso no se logra con los ministros encargados cumpliendo además otra serie de tareas que les son propias".

El vocero Milton Juica dijo el viernes que ya se pidió a cada uno de los 22 ministros un informe del estado de avance de las causas que instruyen, considerando que algunos llegan a tener hasta más de 30 procesos de este tipo a su cargo.

De estos 22 magistrados, cuatro o cinco de ellos se encuentran autorizados por la Corte Suprema para dedicarse exclusivamente a las causas que instruyen en esta materia. La última autorización se emitió el viernes, para el juez Alejandro Madrid, que indaga la extraña muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y otros procesos relacionados con los delitos cometidos por la DINA. LN