El hecho de que el candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, dilate tanto su decisión en torno a desligarse de sus empresas a medida que avanza su campaña a La Moneda tiene implicaciones sobre la disposición personal hacia la transparencia y sobre la necesidad de legislar en torno a ella y hacerla exigible para todos quienes quieren conducir o administrar al país.

En efecto, es indudable que la toma de posturas políticas no parte sólo cuando se ostentan cargos públicos, sino desde el momento mismo en que se participa en el debate sobre las soluciones a problemas con dimensión pública. Cada uno de los argumentos y opiniones que se sostienen en ese debate están cruzados naturalmente por intereses personales y determinan el punto de vista desde el cual se expresa, lo que hace imprescindible que quienes aspiran a la administración del Estado y quieren conducir con ecuanimidad estén afectos a la menor cantidad de intereses personales posibles.

La transparencia, en ese sentido, debe actuar como un espejo de dos caras: en una, el político garantiza su honestidad intelectual al argumentar sobre un tema pensando genuinamente en el interés público, sin involucrarse con sus propios intereses; en la otra, la opinión pública se asegura que el argumento de quien escucha no responde a intereses ocultos y desconocidos. Este principio es válido no sólo para quienes son empresarios, sino también para quienes no lo son y deben recurrir a aquéllos para financiar sus campañas.

La transparencia implica que el aspirante a un cargo público se hace, precisamente, "transparente" ante los ciudadanos, de manera que se pueden ver sus intereses y conexiones económicas, familiares, políticas y sociales. Esa virtud cristalina no es ni puede ser ex post a una elección. Por principio, debería ser anterior a ella, pues la opinión pública tiene el derecho de construir una imagen informada de quienes se presentan ante ella. Por ello, que Piñera plantee que sólo se va a desprender de las inversiones que generen conflictos de interés en caso de ser elegido Presidente, no va en el camino de la transparencia. La gente quiere y necesita saber si quien le habla, por ejemplo, de transportes es el candidato o el dueño de una de las mayores empresas del sector; si quien le argumenta sobre libertad de expresión es el político o el propietario de un medio de comunicación; si quien le argumenta en torno a administración pública de la salud tiene intereses sociales o participa en la propiedad de una clínica. Es importante aclarar que la condición de empresario no es un factor negativo per se, sino la postura pública indefinida y poco transparente frente a los ciudadanos.

Marcar el camino (o "rayar la cancha") de quienes buscan conducir el país y dirigirlos hacia la transparencia parece ser, entonces, un imperativo del Estado y que debería incluir el período previo a las elecciones para asegurar una decisión popular informada y madura.