"LA IMPUNIDAD es el verdadero problema", reiteraron ayer las agrupaciones de familiares de víctimas de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, en respuesta a la información de que el Instituto de Normalización Previsional (INP) está pidiendo la devolución de dineros.
Según un reportaje aparecido en El Mercurio, un mal cálculo en el incremento del 50% de las pensiones de familiares de detenidos desaparecidos, en 2004, llevó al INP a pagar millonarias sumas extras. Un dictamen de la Contraloría dejó en evidencia esta situación.
Para solucionar el problema, desde mayo de 2008 el INP está rebajando las pensiones mensuales que reciben los beneficiados, a la vez que les solicitó la devolución de los dineros extra recibidos durante cuatro años. En algunos casos esta cifra llega a los $5.000.000.
En el INP admitieron el error, pero no informaron del número de afectados ni de la cantidad de dinero. Sólo se indicó que la entidad previsional resolverá los casos directamente con cada uno de los involucrados y que éstos podrían acogerse a una condonación.
"El VERDADERO PROBLEMA"
Tal como lo ha hecho en las últimas semanas, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, llamó a darle importancia al "verdadero problema", que a su juicio es la impunidad y no los falsos detenidos desaparecidos o las sumas de dinero que se han pagado.
"Nosotros vemos con consternación cómo levanta la preocupación, desde distintos sectores de la sociedad, la aparición de tres nombres. Lo que a nosotros nos debe preocupar como país y a las autoridades es que pasan los años y la impunidad sigue cimentada en Chile", señaló.
Asimismo, desde que surgieron los casos de Germán Cofré, Emperatriz Villagra, Carlos Rojas y Edgardo Palacios, los familiares han denunciado que "hace años que en este país se identifica mal a los detenidos desaparecidos y hace años que se está escondiendo el nombre de quienes violaron los derechos humanos".
También la directora del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, María Luisa Sepúlveda, dice que algunos casos puntuales no afectan la labor del Gobierno ni de la Concertación en esta materia. "Que haya un porcentaje de error no es escándalo ni enloda el trabajo serio de las comisiones Rettig y Valech", indicó.
LA SUBSECRETARÍA
Según la vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, muchos de estos problemas se solucionarían con una política global del Gobierno para enfrentar los casos pendientes. Por lo mismo, insistió en la demanda de implementar una subsecretaría de derechos humanos.
Ésta, explica, debe tener la facultad de querellarse y de recalificar a las víctimas, además de exigir la aprobación de tratados internacionales en materia de derechos humanos. LN
