Un golpe a la conspiración que facilitó que la Corte Suprema declarara el 24 de agosto de 1996 sobreseído definitivamente por amnistía el crimen del diplomático chileno-español Carmelo Soria, cometido por la Brigada Mulchén de la DINA el 14 de julio de 1976, dio ayer el ministro investigador Alejandro Madrid.
La resolución del magistrado que procesó a un general, un brigadier, un teniente coronel, todos retirados del Ejército, y otras cinco personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, y la presentación en juicio de testigos y documentos falsos, podría ser el primer y fundamental paso para que la misma Corte Suprema reabra ahora la investigación de la parte criminal del homicidio del diplomático.
Así lo creen tanto Carmen Soria, hija de la víctima, como su abogado Alfonso Insunza.
"Existen ahora nuevos antecedentes, por lo que creemos que es posible que la Corte Suprema resuelva reabrir el proceso por el crimen de Carmelo Soria. Por eso lo vamos a solicitar así", dijo Insunza a La Nación.
A su vez, Carmen Soria expresó que "este es un gran momento para que el Gobierno pida la reapertura del juicio, como ya lo demandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
El encausamiento afectó al ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Eugenio Covarrubias Valenzuela; al ex secretario del dictador Augusto Pinochet, brigadier (R) Jaime Lepe Orellana; al teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma; al ex fiscal militar y actual profesor de Derecho de la Información de la Universidad del Desarrollo, coronel (R) de Justicia, Sergio Cea Cienfuegos; a sus ex actuarios en esa fiscalía Héctor Zúñiga Cadenasso y Leonardo García Pérez; y a los ex agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE, Leonardo Quilodrán Burgos y Fernán González Fernández.
Todos, salvo Covarrubias, Zúñiga y García, quedaron bajo arresto en el Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén.
Covarrubias está en libertad provisional, procesado previamente por el crimen del ex agente de la DINA Gerardo Huber, y ya en calidad de acusado por el homicidio del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.
A Zúñiga y García el juez les concedió la libertad provisional previo pago de una fianza de 200 mil pesos para el primero y 100 mil para el segundo.
LA CONSPIRACION
Cuando en 1993 la jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Violeta Guzmán, inició su investigación por el crimen de Soria luego de que el caso se reactivó, el suboficial y comando de elite de la Brigada Mulchén de la DINA, José Ríos San Martín, admitió ante esa magistrada que a Soria lo mató esa brigada. Y entregó varios nombres de sus integrantes.
Una noche de agosto de 1993, como lo publicó La Nación el 27 de julio de 2008, adelantando esta resolución del juez Madrid, Ríos fue invitado a "cenar" en el Restaurante Casas Viejas en Ñuñoa. Los anfitriones eran Lepe y Quilhot, acusados por Ríos de participar en el homicidio.
Lo amenazaron de muerte a él y su familia, y le dijeron que se desdijera de sus declaraciones. Para ello le regalaron una camioneta que compró Quilodrán. Y Ríos se desdijo.
En paralelo, la Corte Suprema falló a favor de la justicia militar y traspasó la causa a la Segunda Fiscalía Militar que comandaba Cea.
Allí entonces ocurrieron una serie de diligencias truchas, entre ellas falsificaciones de testimonios judiciales de algunos ex agentes DINA, como Jorge Vial Collao. En esas falsificaciones de instrumento público participaron Lepe, Cea, Zúñiga y García.
