Sorpresa provocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ayer negó la libertad al ex comandante en jefe de la FACh, general (R) Ramón Vega Hidalgo, quien permanece arrestado desde este lunes en la Base Aérea El Bosque luego que fuera procesado por malversar US$2.895.037, debido a su intervención en las negociaciones para la compra de 25 aviones belgas Mirage en 1994.
El tribunal de alzada, por dos votos contra uno, estimó que revocar la prisión preventiva del retirado general constituía un "peligro para la seguridad de la sociedad".
Y la misma opinión tuvo respecto de los otros tres ex altos oficiales de la FACh procesados como cómplices de malversación. Se trata de los generales (R) Jaime Estay y Florencio Dublé y del coronel (R) Luis Bolton.
El beneficio había sido concedido el martes pasado por el ministro en visita Omar Astudillo, instructor del caso Mirage, quien consideró que estaba "suficientemente asegurada" la comparecencia de los encausados, pues se han presentado cada vez que el tribunal lo ha requerido, incluso a la notificación del procesamiento.
En esa resolución, el magistrado imponía una fianza de $3 millones a Vega y $1 millón a los otros ex oficiales, respectivamente.
También se ordenaba que la decisión fuera con consulta a la Corte, la que al revisar los antecedentes de la causa estimó que "existen presunciones graves para considerar que los encartados tuvieron participación culpable", según el fallo.
Asimismo, el tribunal estableció que se trata de una "situación particularmente grave" debido a la "naturaleza del delito" y a la "alta investidura que los procesados desempeñaron en la estructura estatal".
CDE: "ES UN DELITO QUE AFECTA A LA SEGURIDAD NACIONAL"
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), encargado de defender los intereses del fisco, aunque no se opuso a la libertad sí solicitó al tribunal que elevara la caución en virtud de los altos montos malversados.
Tras conocer el dictamen, el abogado del CDE, Alfredo Larreta, sostuvo que "es un delito que afecta a la seguridad nacional por tratarse de instrumental de guerra, además es un monto gigantesco el que ha establecido el ministro (Astudillo) como malversado, casi $10 mil millones".
Consultado por la manera en que pagaron las comisiones a los ex oficiales, el profesional dijo que se trata de "maniobras de ocultamiento dignas de una ingeniería financiera muy compleja".
Las defensas de los procesados explicaron que, aunque no estaban conformes con la resolución, "respetamos las decisiones de los tribunales", según dijo el abogado del general (R) Vega, Luis Cifuentes.
