De cumplirse todos los vaticinios, a partir de mañana Bolivia tendrá una nueva Carta Magna y el Presidente Evo Morales, la "refundación" nacional soñada y prometida.

Tras meses de discusiones en todos los tonos y con todas las armas entre Gobierno y oposición, el tema que acapara la atención ya no es el texto constitucional en sí, que será votado hoy aunque muy pocos bolivianos admiten haberlo leído, sino las confrontaciones que se prevé empezarán justo después: en el momento de aplicarla.

Si bien el mundo, y Latinoamérica en especial, serán testigos de un nuevo período en la historia de este país, también se convertirán en espectadores de un proceso de transformación. Según el senador opositor del Poder Democrático y Social (Podemos), Carlos Bert, con esto se "afectará a la institucionalidad de una forma particularmente severa. De manera que la fragilidad constitucional boliviana no va a ser superada en el corto plazo. Al contrario, puede agravarse".

Y dado que el proyecto de Carta Magna que impulsa el Ejecutivo de Evo Morales altera completamente la concepción misma del país, la discusión se anticipa profunda, aun más que las disputas anteriores, y en un escenario ya conocido: el Legislativo.

La implementación de la nueva Constitución depende, irrestrictamente, de la celeridad con que el Congreso apruebe el conjunto de leyes transitorias que se requieren para ello. Es aquí donde comenzarían los primeros problemas, pues el Senado tiene mayoría opositora, la misma que bloqueó varios proyectos gubernamentales durante 2008.

"Ellos (los legisladores) sin duda van a tener un rol importante. De entrada, tendrán que aprobar el régimen transitorio electoral para permitir precisamente encarar las elecciones generales previstas para el 6 de diciembre", explica el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic.

Pero el funcionario reconoce que ello "dependerá de los consensos, de la voluntad política, que por supuesto no tienen", y que al parecer, podría retrasar la implementación del texto.

A eso se suma el hecho de que, según el proyecto constitucional, el Congreso será reemplazado por la que será la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuyos miembros serán elegidos previsiblemente a fines de año. Al respecto, la oposición ha sostenido que podría darse un vacío de poder en el período de transición, el que a su vez, podría tentar al Mandatario a echar a andar la Constitución por medio de decretos, afirmación desestimada por el Gobierno de La Paz.

Esta postura, según el senador Bert, sólo respondería a "argumentos de campaña", pese a que el abogado constitucionalista José Luis Gutiérrez es de la opinión de que lo que busca la oposición es "prolongar la confrontación hasta que el Gobierno se deteriore".

Autonomía departamental

En el referendo del 2 de julio de 2006, no sólo se aprobó la instalación de la Asamblea Constituyente, sino que cuatro de los nueve departamentos dieron el Sí al régimen autonómico. Año y medio después, entre mayo y junio, los habitantes de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, respaldaron ampliamente en consultas ciudadanas sus estatutos autonómicos, deslegitimados por el Ejecutivo.

Lo anterior derivó en la crisis política que en septiembre incluyó la matanza de una veintena de campesinos en Pando y que obligó a las partes a dialogar a regañadientes para ver cómo el modelo autonómico planteado por los departamentos se podía complementar con el plasmado en el proyecto constitucional.

Al final, "fue necesario modificar de manera sustancial alrededor de unos 50 artículos para cubrir las expectativas de las minorías regionales, que estaban insuficientemente recogidas en el proyecto inicial", afirma Yaksic.

Sin embargo, los líderes cívicos y departamentales aún hoy insisten en que la nueva Constitución no recoge sus inquietudes, aunque ésta, a grandes rasgos, "facultará a la media luna de una administración autónoma de recursos e ingresos y el ejercicio de la potestad legislativa reglamentaria ejecutiva en materias sometidas a competencias exclusivas", agrega Carlos Bert.

Nuevamente, los analistas coinciden en que todo es parte de una campaña mediática para impulsar el voto por el No.

En caso de que el Congreso se demore en aprobar las leyes transitorias advierte el viceministro los únicos que saldrán perjudicados serán los departamentos, pues la entrada en vigencia de sus estatutos (previa adecuación a la nueva Constitución so pena de eliminarse) tardará aún más y toda la pataleta previa no servirá de nada.

Para las cinco regiones que no optaron por ingresar al régimen autonómico, el proyecto constitucional les da una segunda oportunidad al prever la realización de un referendo simultáneo, en caso de que así lo estimen conveniente sus ciudadanos.

La "autonomía departamental está (inmersa) en esto que significa pasar desde un Estado centralista hacia uno complejo, con descentralizaciones políticas-económicas", afirma el abogado Gutiérrez, quien bajándole el perfil a toda la discusión prerreferendo, es enfático al señalar: "Una de las características que ha tenido la población y la clase política en general es hacer mucha bulla, llevar las cosas hasta el límite de lo soportable, pero después, llegado el momento, actúan con alto grado de responsabilidad".

Y aunque el panorama pareciera nublarse desde un comienzo, "en el mediano y largo plazo, si es que esta Constitución se consolidara, podría sobrevenir un período de estabilidad", augura Bert.

Remezón judicial

Paralelamente, el poder que mayores cambios experimentará será el Judicial, el cual según el viceministro Yaksic "requiere un remezón profundo porque toda su administración está hecha pedazos".

La principal modificación tiene relación con el cómo se elegirán a los máximos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que reemplazará a la Corte Suprema , del Tribunal Constitucional y jurisdiccionales.

Según la fórmula plasmada en el proyecto de Carta Magna, los legisladores perderán la facultad de elegir directamente a los jueces, potestad que recaerá en el Control Administrativo de Disciplinario de Justicia, instancia que se "regirá por el principio de participación ciudadana", y cuyos miembros serán elegidos por voto universal.

Ella "se encargará de preseleccionar a candidatos por sus méritos, para que la Corte Electoral Nacional difunda estas postulaciones y sea la comunidad finalmente la que respalde con su voto esta selección. Así se va a descontaminar el poder Judicial de toda ingerencia político-partidaria", explica Yaksic.

Esto, pues "durante la preselección y la elección, los magistrados no podrán pertenecer a partidos políticos o agrupaciones ciudadanas, ni realizar campaña electoral", versa el texto constitucional.

No obstante, la dificultad podría radicar en lo burocrático del sistema, auque el senador Bert afirma que, dado que este sistema es único en el mundo, "nadie puede demostrar que esta modalidad es necesariamente buena o mala".

Con todo, los bolivianos parecen bien dispuestos a entrar en esta nueva etapa de "inestabilidad" con que esperan la historia de un país renovado o "refundado".