A comienzos del 2008, TATA Consultancy Services (TCS) ganó una licitación para modificar la plataforma informática del Registro Civil. La empresa Quintec, que también participó, adujo que había irregularidades en el proceso y la fiscal Alejandra Godoy inició una investigación. A raíz de este escándalo, La Moneda ordenó descabezar a la plana mayor del Registro Civil. Y el día en que Pablo Cisternas, gerente general de TCS recibió sobre su escritorio el contrato que los convertía en proveedores de la nueva plataforma tecnológica para el Registro Civil, se enteró que todo el proceso había sido anulado.

Aquí es donde entran William Esposito y Joel Friedman, quienes viajaron a Chile contratados por TCS.

Esposito se desempeñó durante 33 años como agente de la ley para el gobierno norteamericano. Llegó a ser subdirector del FBI durante la administración de Bill Clinton y, actualmente, es el director ejecutivo (CEO) de Freeh Group International.

Joel Friedman trabaja para la misma firma y es un abogado de gran prestigio en Filadelfia, sobre todo porque desbarató, en los años noventa, a parte importante de la mafia de esa ciudad, mientras actuaba como fiscal jefe de una fuerza especial del Departamento de Justicia del Estado.

En sus oficinas de Freeh Group International, en Wilmington, Delaware, ambos contaron a LND los entretelones de su fallida visita a Chile.

El comienzo de la odisea

Cancelada la licitación, TCS contrató en EEUU los servicios de la prestigiosa firma de Louis Freeh, para que realizara junto a sus abogados en Santiago el bufete de Jorge Carey un estudio independiente sobre qué había sucedido. "Lo primero que hicimos cuenta Joel Friedman fue ponerle un correo electrónico a la fiscal que llevaba el caso, Alejandra Godoy. Ese correo estaba firmado por Louis Freeh y en él la notificábamos de que Freeh Group había sido contratado por TCS para conducir un estudio independiente sobre la cancelación del contrato entre TCS y el Registro Civil. También le dijimos que TCS se tomaba el asunto muy seriamente y había acordado que cualquier estudio conducido por Freeh Group se atendría a los hechos y sería completamente independiente. Le dijimos que nuestro deseo era cooperar plenamente con su trabajo. Finalmente, le agradecimos que nos diera la oportunidad de sentarnos con ella a discutir estos asuntos en cuanto llegara William Esposito, quien viajaría a Santiago un poco antes que el resto del grupo".

El resto de los miembros del grupo eran contratados por Freeh Group o pertenecían a la misma firma, quienes entraron a Chile pagando el impuesto adicional en el aeropuerto y se instalaron en el Hotel Ritz Carlton. "No había nada de raro ni en cómo volamos a Santiago ni en cómo ingresamos al país, sin embargo un diario de internet, El Mostrador, habla como si hubiéramos entrado al país escondidos, como espías, en 'aviones separados', en una operación 'encubierta'. Fue todo lo contrario, porque aún antes de llegar le habíamos enviado este mail a la fiscal Alejandra Godoy, así que ella misma estaba informada de que iríamos a Chile para conducir un estudio independiente. Algo que se hace todos los días, en todos los países del mundo donde hay un negocio. No existía la menor intención de actuar como 'agentes secretos' de una 'operación encubierta'".

Joel Friedman trabaja para la firma y es un abogado de prestigio en Filadelfia porque, en los noventa, cuando era fiscal jefe del Departamento de Justicia del Estado desbarató a parte importante de la mafia de esa ciudad.

Bill Esposito intentó tener una reunión con la fiscal Godoy. No le fue posible. Por terceras personas, se enteró de que la fiscal lo vería sólo mediante un requerimiento judicial. Dos semanas más tarde, cuando Esposito regresó a Chile, les hizo llegar a él y a Raúl Roldán (otro miembro de Freeh Group) un requerimiento judicial. En el tribunal, la fiscal les preguntó qué estaban haciendo en Chile. Se lo explicaron. La fiscal dijo que le gustaría ver el estudio que estaban confeccionando, a lo que Esposito respondió negativamente, pues el privilegio abogado-cliente se lo impedía. Después de esa conversación, Esposito regresó a EEUU y el resto del grupo se quedó una semana más. "El miércoles en la noche sigue el abogado Friedman luego de cenar en un restaurante, regresamos a nuestro hotel donde nos encontramos con que la policía había ido a preguntar por nosotros. Querían hacernos algunas preguntas, según le dijeron al conserje, y volverían a la mañana siguiente".

El jueves en la mañana dos policías se apersonaron en el hotel con una orden de requerimiento para cada miembro del grupo. Llamaron a sus abogados (Carey y CIA) y juntos fueron al cuartel de Investigaciones. "Allá nos interrogaron: cuánto tiempo llevábamos en el país, qué estábamos haciendo, etc. Finalmente nos preguntaron ¿con qué visa entraron? Les dije que nadie nos había informado que necesitábamos visa para entrar a Chile; antes de venir investigamos la pagina web de la embajada de Chile en Washington y ahí no dice nada de visas; pagamos el impuesto adicional como cualquier norteamericano y cuando la azafata nos pasó la documentación para ingresar, todos indicamos que veníamos en viaje de negocios. 'Ustedes van a tener problemas con Extranjería' dijo el oficial, y acto seguido nos mandó a Policía Internacional, a una cuadra de distancia. Allí nos quitaron los pasaportes, que luego retuvieron, y a cada uno nos cobraron una multa de US$70. Uno de nosotros había dejado su pasaporte en el hotel y en vista de ello enviaron una furgoneta de la policía para hacerse del documento".

-De acuerdo a las autoridades chilenas, ¿cuál era el problema?
-Que no hubiéramos solicitado un permiso de trabajo. Pero nosotros no fuimos a Chile para hacer el tipo de trabajo que requiere una visa especial, sino a conducir un estudio que nos había encargado un cliente. Nosotros trabajamos en EEUU. Cualquier consultor del mundo puede viajar a otro país para hacer averiguaciones para sus clientes. Yo no creo que eso requiera de un "permiso de trabajo" ni de una visa especial. Es como si usted me dijera que una periodista norteamericana viaja a Chile a entrevistar a la Presidenta, Michelle Bachelet, y le exigen una visa especial. Yo me imagino que eso no es así, y por lo mismo todo esto resultó sorprendente. Nos estamos querellando, nuestros abogados han apelado.

-¿Qué hicieron una vez que les confiscaron los pasaportes?
-Suspendimos las entrevistas que habíamos concertado para el último día de nuestra estadía en Chile. A la mañana siguiente, pagamos el dinero que nos estaban cobrando y volvimos a EEUU ese día en la noche. Estamos muy molestos, porque tenemos una reputación de personas comprometidas con la legalidad, con hacer cumplir la ley alrededor del mundo y no nos pareció que ésta fuera una forma correcta de tratarnos.

William Esposito

El ex subdirector del FBI es el más sorprendido. Él ya había abandonado el país cuando les confiscaron los pasaportes a sus colegas y los hicieron pagar una multa. Durante su larga experiencia como agente, y luego como subdirector del FBI, está acostumbrado, dice, a trabajar siempre del lado de la ley. "Lo que normalmente hace un agente del FBI es constatar los hechos. Yo ya no soy agente del FBI, pero tengo el entrenamiento. El FBI es reconocido por su integridad".

-¿Cuál es su versión sobre la anulación del contrato entre TCS y Registro Civil?
-TCS contrató a Andrés Contardo, un consultor, para que ayudara con los detalles técnicos de la licitación, y el Registro Civil también llamó a un consultor, que resultó ser la misma persona.

-¿No había un conflicto de intereses?
-Sí, efectivamente, y esa fue la razón por la cual anularon el contrato.

-En Chile dicen que anularon el contrato cuando descubrieron que Andrés Contardo estaba pasando información privilegiada a TCS
-No tenemos ninguna información relacionada con cohecho y, dependiendo de con quién se hable, la información que él tenía y pasó a TCS es información que cualquier persona que hace este tipo de contrato hubiera podido obtener. No había nada de ilegal. Pero, en todo caso, yo estoy de acuerdo en que no se veía bien.

-Entonces TCS aceptó las razones de Chile para anular el contrato.
-No sé si aceptó, no tenían otra alternativa.

-La fiscal Godoy argumenta que nadie puede ir a Chile para realizar una investigación judicial paralela a la suya. ¿Está de acuerdo?
-No estábamos en Chile haciendo una investigación paralela. Podía ser que averiguáramos las mismas cosas, pero nosotros fuimos a estudiar un asunto interno de TCS. La empresa quería saber qué había ocurrido en sus oficinas en Santiago como para hacerlos perder este contrato, y para eso estábamos allí. TCS pretendía corregir cualquier problema que hubiera en sus oficinas en Santiago. Por ejemplo, asegurarse de no tener, en el futuro, a personas trabajando al mismo tiempo para las dos partes de un contrato.

-Cuando habló con la fiscal, ¿le mencionó el estudio que hacían sobre TATA?
-Por supuesto. Le comuniqué exactamente lo que estábamos haciendo.

-Si ella lo sabía, ¿por qué envió a la policía para requerir a sus colegas y luego confiscarles los pasaportes y cobrarles una multa?
-Yo no sé si fue ella quien envió a la policía.

-Pero la fiscal era la única persona que sabía, aparte de sus abogados en Chile, que ustedes estaban allí, trabajando para TCS.
-No sólo sabía lo que estábamos haciendo en Chile, porque yo mismo se lo dije, sino que lo sabía desde antes que llegáramos, incluso, porque fue notificada en el mail que le envió Louis Freeh. Antes que les confiscaran los pasaportes y multaran a mis colegas, la fiscal envió al hotel donde yo me alojaba a la policía con una orden judicial para mí. Me ordenaban presentarme ante la fiscal. Yo fui y le pregunté por qué habían hecho eso, le dije: "Si usted quiere hablar conmigo, no necesita citarme judicialmente, habría bastado con que me llamara por teléfono al hotel y yo habría venido".

-¿En qué idioma se entendía usted con la fiscal?
-Ahí también se produjo un problema. Había dos intérpretes que hablaban un pésimo inglés y entendían la mitad de lo que yo decía, y lo peor es que traducían mal. En un momento les traté de explicar que TCS se tomaba muy en serio todo este asunto, y los intérpretes le dijeron a la fiscal justamente lo contrario.

-¿Cómo se explica que la prensa chilena trate el asunto como una "operación secreta", efectuada por agentes del FBI, e incluso se haya dicho que usted "confesó" ante la fiscal?
-Son artículos escritos con datos falsos. Llegamos en aviones diferentes, porque muchos veníamos de lugares distintos. Una persona venía desde México, no iba a tomar el mismo avión que tuve que tomar yo en Filadelfia. Otro venía de Chicago. Y esto fue así, porque debimos contratar a personas que hablaran español. No sé por qué alguna prensa chilena presenta nuestro viaje como una operación James Bond cuando en realidad no tenía nada de secreto ni de raro, mucho menos de ilegal.