Si bien la atención del caso Registro Civil estuvo concentrada, en los últimos días, en la gestión del ex director del organismo, Guillermo Arenas (con arraigo nacional y firma quincenal tras ser formalizado por un fraude superior a los 636 millones de pesos), la fiscal Alejandra Godoy ha decretado una batería de diligencias para determinar si hubo pagos sospechosos en el proceso en la fallida licitación de 80 millones de dólares que favoreció a Tata.

Godoy analiza junto a su equipo de trabajo antecedentes financieros y comerciales de ex funcionarios del organismo así como de altos ejecutivos de Tata Consultancy Services (TCS), empresa que se adjudicó el millonario proyecto que en marzo de 2008 tras estallar el escándalo fue anulado y significó la salida de la cúpula del servicio.

Entre los documentos bancarios está el detalle de las cuentas que Arenas y su ex jefe de gabinete, Jorge Lobos, mantuvieron en distintas instituciones financieras.

La información requerida corresponde a la cuenta que el ex director manejó en el Scotiabank y las que Lobos mantuvo en los bancos del Desarrollo, Itaú, BBVA, Coopeuch, BBVA, entre otros.

Después de este primer barrido nacional, Godoy solicitó al FBI a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional que le remitiera todos los antecedentes financieros relacionados con más de una veintena de personas involucradas en su investigación. La fiscal busca determinar la existencia de cuentas en bancos estadounidenses con depósitos sospechosos.

En la nómina, también figuran ex ejecutivos de Tata en Chile, que participaron en la cuestionada licitación, como Pablo Cisternas, gerente general; Andrés Tupper, gerente comercial, y Domingo Frez, gerente de negocios para el sector público. La petición, además, incluye familiares y colaboradores de todos ellos.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda, por su parte, prepara un informe para la fiscal respecto de un grupo de imputados.

Estos antecedentes pertenecen a las dos primeras líneas de investigación relativas a procesos de licitación que sigue el Ministerio Público desde comienzos de 2008. Las informaciones surgidas de las primeras pesquisas significaron que Alejandra Godoy abriera otros cinco capítulos (ver recuadro) para determinar todos los delitos.

El origen del escándalo

El caso Registro Civil se inició con la denuncia del ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien tras enterarse de presuntas anomalías en la licitación adjudicada a Tata decidió hacer sus propias averiguaciones.

Después de hacerse pública la "doble militancia" de Andrés Contardo, quien era asesor del organismo y, además, consultor de Tata, surgieron nombres de supuestos lobbistas que aseguraban tener capacidad para influir en los negocios del servicio y de otros personajes que ofertaban la venta de base de datos.

El dossier con los antecedentes reunidos por Justicia ya estaba en manos de la Fiscalía Centro Norte y se designó a la fiscal Godoy para instruir el caso.

Una de las primeras pistas que tuvo el Ministerio Público respecto de pagos sospechosos surgió de la gran cantidad de correos electrónicos, documentación y archivos incautados tanto en computadores del Registro Civil como en los equipos confiscados en las oficinas de Tata Chile.

Así, se supo del "proyecto Alpha" (nombre con que los ejecutivos de la multinacional india llamaban a la primera licitación) y de "Alpha II" (nombre del segundo concurso para renovar la plataforma de pasaportes e identificación del organismo). También aparecieron las boletas extendidas por Contardo que confirmaban la venta de información, cuyo costo mensual ascendía a los 3 millones de pesos.

La Fiscalía actualmente trabaja en determinar quiénes tomaron la decisión de comprar estos datos confidenciales, para obtener una ventaja competitiva respecto de los otros postulantes a los millonarios proyectos tecnológicos. Por ello, se apunta a cargos directivos dentro de la multinacional y a esclarecer qué tipo de contactos tenían estas personas con la entonces cúpula de la repartición pública.