En tribunales seguirá viéndose el caso de la diputada de RN Karla Rubilar y sus denuncias de falsos detenidos desaparecidos, por las que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) presentó una querella contra la parlamentaria, así como en contra del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el procurador de éste, Javier Gómez.
A través de la acción legal se busca perseguir los delitos de asociación ilícita, vejación injusta contra particulares y falsificación de instrumento público, ligando el actuar de Rubilar a los datos aportados por el “Mamo”.
El abogado patrocinante, Hugo Gutiérrez, pidió al ministro en visita Carlos Gajardo actuar en este caso y señaló que “ esta asociación ilícita constituida entre Karla Rubilar, Manuel Contreras y el intermediario de ambos, como fue el supuesto abogado Gómez, debe ser motivo de investigación”.
Recalcó que cualquiera sea la motivación y la forma en que se produjeron los hechos debe ser dilucidada por la Justicia. “Si pisó el palito, si actuó de buena o de mala fe son hechos o circunstancias que tienen que ser investigadas por el tribunal correspondiente”.
La diputada Karla Rubilar, que fue destituida del cargo de presidenta de la comisión de Derechos Humanos a raíz de sus denuncias y la falta de veracidad de las mismas, calificó la acción de la AFDD como “un show mediático”.
Contradicción
La agrupación además sostuvo que resulta “impresentable” la contradicción en la sala penal de la Corte Suprema respecto a distintos casos de detenidos desaparecidos en 1974, absolviendo a la cúpula de la DINA con la integración ocasional de los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y Julio Torres Allu, actuando este último como suplente.
La presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, sostuvo que “ante la contundencia de lo que fue el terrorismo de Estado y el genocidio, resulta impresentable y doloroso para los familiares, pero también un acto de profunda injusticia, que según quien componga la sala penal tengamos justicia o impunidad”, refiriéndose a las resoluciones discrepantes en los casos de Sergio Tormen y Luis Guajardo, y Jaqueline Binfa..
El ministro Enrique Cury dijo a radio Coperativa que resulta “lamentable” la situación cuestionada por la AFDD, pero apuntó que “no veo honestamente en este momento una fórmula de solución, porque es una cuestión legal y no hay muchas posibilidades de modificarlo”, destacando que “al pleno no se le puede obligar a integrarse de cierta manera para ver determinadas causas”.
