El informe de DDHH 2008 sobre Chile, publicado por el Departamento de Estado de EEUU , destaca que "el gobierno generalmente respeta los derechos humanos de sus habitantes", pero constata que se han reportado incidentes aislados sobre el excesivo uso de la fuerza y maltrato de parte de la policía, abuso físico y psicológico en cárceles y malas condiciones de vida en prisiones.
Agrega además la existencia de otros incidentes como el tráfico de personas y la discriminación sufrida por algunas etnias indígenas, pero el documento, subraya asimismo, que el gobierno difunde campañas públicas contra el abuso femenino aun cuando reconoce que la violencia doméstica contra las mujeres "sigue siendo un problema"- y de menores.
En el plano judicial, el texto cita casos pendientes como la muerte de Matías Catrileo en Vilcún, y causas históricas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura que aún están sin condena. No obstante, destaca la confirmación de presidio del general Sergio Arellano Stark por el caso Caravana de la Muerte.
Respecto a desapariciones de personas con fines políticos, el texto oficial del gobierno de EE.UU. señala que no existen reportes al respecto.
En cuanto a la situación de las cárceles, el informe señala que las condiciones carcelarias son “pobres”, y asegura que los penales están sobrepoblados, son anticuados, y cuentan con condiciones sanitarias bajo los estándares. Es más, dice que se ha constatado excesivo uso de la fuerza, y daño sistemático, incluso de carácter psicológico contra los reos.
De todos modos, corrobora que el Gobierno "tomó los pasos necesarios para investigar los casos y castigar a quienes cometieron los abusos". En esta misma línea, destaca que "las autoridades civiles generalmente mantienen un control sobre las fuerzas policiales".
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Aunque existe libertad de prensa, EE.UU. recoge la preocupación de algunas ONG que lamentan las disposiciones que permiten al Gobierno presentar cargos contra los periodistas que critiquen a las instituciones del Estado, incluido el presidente, los jueces y el poder judicial.
EE.UU. cita el caso de la directora Elena Varela, que fue acusada de asociación ilegal para intentar cometer un delito, mientras rodaba un documental sobre el conflicto entre las empresas madereras y los indígenas mapuches.
También menciona la multa que tuvo que pagar la periodista Alejandra Matus por la publicación del "El libro Negro de la Justicia chilena", que fue censurado.
La violencia doméstica contra las mujeres "sigue siendo un problema", al igual que el abuso infantil. Entre enero y septiembre de 2008 se registraron 53.380 casos de violencia familiar, frente a los 46.354 de todo el 2007, y murieron 59 mujeres a manos de sus parejas.
TRABAJO INFANTIL
Si bien señala que en Chile el trabajo infantil está prohibido, existe una economía informal que suele ocupar a menores de edad como mano de obra.
"Es un problema que se da en la economía sumergida y en el campo" y las autoridades detectaron 268 casos de explotación, que incluyen trabajo en las minas, abuso sexual y actividades ilegales.
